El último relevamiento que realizó la Dirección de Obras Privadas de Guaymallén, tras el derrumbe de un galpón en San José en el que murieron dos personas, se detectó que alrededor de 15 mil viviendas son de adobe o mixtas, y por lo tanto potencialmente peligrosas. De ese total, 250 propietarios fueron notificados que deben iniciar el proceso de demolición de manera inmediata. Y sólo 15 familias recibirán ayuda económica del Desarrollo Social del municipio.
La fatalidad ocurrida en ese departamento el pasado 6 de junio, cuando Karen Quevedo (21) y su pequeño hijo Luciano (4) murieron, tras el derrumbe de la ex fábrica sobre la casa de adobe que alquilaba la mujer. Además de las casas afectadas por las intensas lluvias a principio de año, pusieron de relieve el importante número de viviendas en condiciones irregulares que tiene Guaymallén, luego de haber recibido unas 700 denuncias por parte de los vecinos.
A partir de estos datos, se realizó un censo de viviendas en junio desde Obras Privadas, que alertó a la comuna por las 15 mil viviendas que presentan una estructura de adobe o mixtas, es decir, de adobe y material, y que deberán ser demolidas por no cumplir con los requisitos del Código de Edificación y Ordenamiento Territorial (CEOT). Esto afectaría a unas 60 mil personas, de 310 mil habitantes guaymallinos.
Ante esta situación, unos 250 propietarios fueron notificados por la comuna que su vivienda o depósito está dentro de los Edificios de Riesgo I de las normas de Seguridad del CEOT, el cual dicta: “Son aquellos con inminente peligro de derrumbe”.
De ese grupo, sólo 15 familias recibirán un aporte económico o materiales de construcción por parte de Desarrollo Social del municipio, por ser consideradas “vulnerables”. Esto puede darse en el caso de que: la madre sea el sostén del hogar, uno de los integrantes de la familia padezca una discapacidad, jubilados, que el ingreso familiar sea menor a cinco mil pesos o tenga un trabajo no registrado en blanco, o por enfermedad.
La directora del área, Silvia Donatti, señaló que le solicitó a su par de Obras Privadas, Miguel Valentini, que “antes de notificar al propietario que debe desalojar y derrumbar su casa, me lo informen a mí para que una asistente social se contacte con esa familia y evalúe su situación. Y, de esta forma poder ayudarlos con un aporte económico o materiales de construcción, si la vivienda permite ser reparada”.
En cuanto al proceso de demolición, al tratarse de una residencia privada, todos los gastos corren por cuenta del propietario, lo que implica un gasto mínimo de 200 mil pesos. En caso de que la persona no lo pueda abonar de forma particular, lo realizará el municipio. Luego, el dueño deberá abonar por esa tarea, aunque no hay precisiones, todavía, sobre cómo.
“La demolición de las 15 mil viviendas deberán ser efectuadas sí o sí en algún momento, ya que representan un riesgo para los que las habitan como para los transeúntes”, señaló Vantini.
El intendente Marcelino Iglesias manifestó que por el momento “no hay un plan que determine el periodo en el que se llevarán a cabo todas las demoliciones, estamos trabajando muy duro para empezar por un número considerable”.
En cuanto a la ayuda social, Donati aseguró que cuenta con la ayuda de Desarrollo Social y Contingencia Social de la provincia, ya que el fondo municipal con el que cuenta es de “cien mil pesos” para subsidiar de “un mes hasta tres meses” a los que ingresan en el grupo de vulnerabilidad.
“El contacto y ayuda está siempre. Por tratarse de Guaymallén, considerado el municipio más dañado, se le entregarán subsidios para alquileres hasta siete mil pesos, materiales para el arreglo o construcción de techo o paredes, o concreto”, señaló el director de Contingencia Social de la Provinia, Alejandro Verón.
