Veinte cheques de cooperativas creadas para construir casas. Cada uno por 50.000 pesos. Todos cobrados en la sucursal Lavalle del Banco Credicoop entre enero y marzo de este año.
Todos firmados por alguno de los miembros de la familia de Nélida Rojas. Todos pagados a otro de los miembros de la familia de Nélida Rojas.
Las copias de esos cheques forman parte del voluminoso expediente acumulado en la Fiscalía Las Heras-Lavalle y muestran sólo una pequeña parte de los manejos del clan familiar que lidera la agrupación kirchnerista Tupac Amaru en Mendoza.
Ese millón de pesos fue cobrado por la familia hasta poco antes de que Rojas, su marido Ramón Martínez y dos de sus hijas fueran detenidos el 7 de abril último acusados, entre otros delitos, de asociación ilícita, estafa, usurpación y coacción.
A Martínez, el viernes, la jueza de Garantías Cristina Pietrasanta le dictó la prisión preventiva como jefe de la asociación ilícita (rol que habría compartido con su mujer), tal como había pedido la fiscal Gabriela Chaves.
Dos días antes, la misma magistrada había dispuesto similar medida para Fanny Villegas (nuera de Rojas), como parte de esa asociación ilícita. A ambos les concedió la prisión domiciliaria. A Martínez por ser diabético y a Villegas por tener que cuidar a su madre enferma.
Esos retiros de dinero de las cuentas de las cooperativas era sistemático desde hace años y el monto siempre el mismo, 50 mil pesos, porque es el máximo que se puede cobrar por ventanilla con un cheque, sin tener que depositarlo en una cuenta.
Cada una de las 21 cooperativas es lideraba indefectiblemente por alguno de los miembros del clan Martínez-Rojas (incluidos los Torrengo, hijos del primer matrimonio de la mujer).
Alguno de ellos siempre aparece entre las tres firmas de cada cheque (presidente, secretario y tesorero). Así, el que pagaba y el que cobraba compartían un vínculo familiar, a veces de sangre y otras político.
La que nunca aparece como autoridad es Rojas y resultó siempre llamativo, porque ella era la referente de la Tupac, la “Milagro Sala mendocina”, la que negociaba y reclamaba en el IPV y en los municipios, la que tenía llegada directa al gobierno kirchnerista, en particular a la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
La investigación permitió entender la razón: según trascendió, Rojas está inhibida porque fue uno de los cientos de empleados estatales que en la década pasada se presentaron en quiebra cuando no pudieron pagar todos los préstamos que habían sacado.
Ella era enfermera y por una afección en la columna se jubiló hace nueve años. Hasta ese momento también había sido dirigente de la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos): fue secretaria general en Lavalle. Una vez jubilada empezó a darle forma a la Tupac.
La agrupación debió formar cooperativas de trabajo para poder recibir fondos del programa de Integración Socio Comunitaria y construir casas por autogestión.
La Nación le adjudicó 1.230 viviendas, pero sólo 250 están terminadas, aunque ninguna tiene el final de obra municipal porque les falta, por ejemplo, la urbanización. Por esto, ninguna de las casas está escriturada y el IPV aún no ha recuperado ni un solo peso por cuotas.
Sellos de goma
La Tupac nació en Lavalle y concentró allí la mayor cantidad de viviendas, 500, por las que percibieron 127 millones de pesos en ocho años. Pero también inició barrios en otros ocho departamentos (Maipú, Guaymallén, Tunuyán, Tupungato, Luján, San Martín, Las Heras y Godoy Cruz), aunque no son parte de la investigación judicial.
Hoy todas las obras están paralizadas porque no alcanzan los porcentajes exigidos de avance obra para hacer un nuevo desembolso.
Por eso se está buscando la forma legal de destrabar la situación, por cuanto claramente las cooperativas no tienen más dinero para continuar y a la vez los adjudicatarios siguen esperando sus casas.
La información recolectado ha llevado a la fiscal Chaves a creer que las cooperativas no tienen existencia real, sino sólo formal.
¿Cómo llegó a esa conclusión? En primer lugar, todas tienen domicilio en la casa de la pareja Martínez-Rojas, en Lavalle.
Allí, en una habitación que funciona como estudio, la Justicia encontró varias pilas de cajas muy bien ordenadas. Todas con rótulos que indican a qué entidad corresponde esa documentación.
También, en otra caja similar, estaban los sellos de todas las cooperativas, cada uno con el nombre de la entidad y el de la persona al que corresponde en un rótulo pegado en el lomo. Así, evitaban confusiones.
“La gente no sabe que participa de una cooperativa, ni tiene espíritu cooperativo. Ellos sólo conocen a la Tupac y creen que la cuota que pagan es para pagar su casa, no la cuota social”, dicen en el entorno de Chaves. A esa conclusión se llegó luego de una encuesta ambiental en los barrios construidos en Lavalle por la Tupac.
La investigación podría elevarse a juicio en un año
Después de las prisiones preventivas dictadas a su nuera y su esposo, la situación judicial de Nélida Rojas parece encaminarse al mismo punto. La audiencia que definirá su suerte aún no tiene fecha, pero seguramente será en un par de semanas, luego de las que tendrán como protagonistas a sus dos hijas (Leonela y Carla Martínez).
Para entonces, ya habrá empezado a desplegarse la estrategia de las dos partes. La defensa, encabezada por Alfredo Guevara, ya mostró que ante una prisión preventiva que a esta altura parece inevitable, recurrirá al pedido de prisión domiciliaria para todos sus defendidos y así aliviar su situación, al menos mientras se tramitan las apelaciones de la preventiva que planea presentar.
Enfrente, la fiscal Chaves está decidida a apelar el beneficio de la detención domiciliaria concedido a Ramón Martínez, pareja de Rojas, y evitar que se le otorgue también a la mujer.
Aunque el plazo legal fija en 18 meses el tiempo máximo que debe transcurrir entre la imputación y la elevación a juicio oral, en la fiscalía creen que podrán completar la investigación en un año. Aunque serán clave para los tiempos las apelaciones que unos y otros presenten.
En la fiscalía, por lo pronto, sintieron la decisión de la jueza Pietrasanta como un aval a su trabajo: la asociación ilícita es un delito complicado de probar, pero a la vez es el único de los que se le achaca al clan Rojas-Martínez que justifica la detención.
Chaves y su equipo se impusieron un esquema de trabajo que apuntó cumplir con todos los “requisitos” que definen a una asociación ilícita y hubo una herramienta clave para ordenar la investigación: un pizarrón en la oficina de la fiscal.
Allí están definido el delito y enumeradas las condiciones que deben cumplirse para que exista, como también la otra media docena de acusaciones contra la familia.
Chaves se valió del fallo de la Suprema Corte provincial que liberó a Sergio Salgado (ex intendente de Santa Rosa), que también estaba acusado de ser jefe de una asociación ilícita, para hacer su acusación.
En aquella resolución de noviembre de 2016, se explicita claramente cuáles son las condiciones ineludibles, según la Corte mendocina, para considerar que hubo una asociación ilícita.
Como en la fiscalía estiman que el caso llegará al máximo tribunal, buscaron que su argumentación cumpliera con todos esos requisitos para no dejar flancos débiles en sus presentación.
El objetivo de Chaves y su equipo fue demostrar que hubo un “acuerdo delictivo”, que las cooperativas fueron la estructura para llevarlo a cabo, que cada miembro tuvo un rol definido y que su objetivo fue el enriquecimiento.
Los otros delitos investigados son: estafas (por el cobro de las cuotas sociales y venta de casas), despojos por usurpación, instigación a cometer delitos (cuando se obligaba a los asociados a cortar rutas y calles), extorsión (obligación de trabajar bajo amenaza de quitarle la vivienda) y falsificación de medios privados (firmas).
Apelarán la preventiva
Alfredo Guevara encabeza la defensa y confirmó ayer a este diario que apelará las prisiones preventivas dictadas la semana que pasó a Ramón Martínez y Fanny Villegas.
Guevara quiere que se declara nula la acusación por asociación ilícita (delito por el que se encarcela a sus clientes) porque “parte del supuesto de que se hizo un fraude con fondos nacionales, cuando está acreditado en los expedientes que se hicieron las certificaciones de obra y que los desembolsos se invirtieron efectivamente en las viviendas”,
Pero también cuestiona la imputación por extorsión contra Nélida Rojas, que podría justificar en su caso la detención aunque se caiga la asociación ilícita: “No tiene ningún antecedente en la jurisprudencia esta idea de que los pobres no pueden adherir libremente a una organización como la Tupac, que tenía reglas internas como ir a las marchas”.
Sobre el retiro de dinero, el abogado aclaró que “los fondos que se depositaban en esas cuentas correspondían a todas las operatorias de la provincia. Ellos construyeron en nueve departamentos. Entonces habría que determinar a qué departamento correspondía cada retiro y va a ser muy difícil. Además, construían los barrios sin diferenciar qué cooperativa los hacía porque los levantaban en común”.
Fuente: Diario Los Andes
