Más allá de que los movimientos de personal en una comuna son moneda corriente, los últimos cambios que decidió el Ejecutivo desataron polémica en Tunuyán. El presidente de la UCR y los concejales correligionarios cargaron contra el intendente Martín Aveiro (PJ) acusándolo públicamente de cometer «persecución política» y denunciaron reducción de sueldos y condiciones de trabajo «irrisorias» para un grupo de 10 personas que están afiliadas al radicalismo.
Desde el gobierno municipal se defendieron diciendo que es parte de un movimiento normal, que se viene haciendo hace dos años y que cuentan con documentación probatoria de que hubo incumplimientos por parte de los involucrados. El bloque de la UCR presentó ayer un pedido de informe y defendió a los empleados que, en algunos casos, iniciarían acciones judiciales contra el Municipio.
«Extraoficialmente nos han dicho que se debe a reestructuración, pero nosotros vemos que la estructura no se modifica, sino solo la situación de algunas personas que justamente militan o tienen una relación con el partido radical. También hablan de incumplimientos, pero vimos los legajos y no hay sanciones de ningún tipo», expresó Pablo Ortiz, presidente del bloque de la UCR apenas terminó la sesión en la que presentaron el pedido de informe que tomó estado parlamentario, afirmando entender que hay persecución política y hasta discriminación.
Esto quedó aclarado en el proyecto avalado por los 5 concejales de la UCR –al interior del recinto están divididos– solicitando respuesta del Ejecutivo y de Recursos Humanos para que aporten datos correspondientes a la nómina de empleados trasladados durante el último tiempo, el destino final que tendrán, las causas y los motivos de los movimientos, y si hubo modificaciones en el salario.
«Esto no sería nada raro si no respondiera a cuestiones políticas, pero nosotros creemos que sí, porque esos cambios implican desmejoras ya sea por las condiciones edilicias o por las mermas en sus salarios. No es la primera vez que a esta misma gente la cambian. Así que vemos hasta ensañamiento», agregó Ortiz, sobre los casos que ellos detectaron a raíz de que los mismos perjudicados pidieron su intervención y la del gobernador Alfredo Cornejo, a quien aseguraron haberlo puesto en conocimiento.
Entre ellos hay quienes pertenecen a la planta permanente y otros son temporarios en la comuna.
Como ejemplo, citaron el caso de una empleada con 8 años de antigüedad que fue enviada a la delegación de Colonia Las Rosas, a una biblioteca que no está funcionando y donde no hay calefacción, ni energía eléctrica, y el de dos administrativos que fueron trasladados a trabajar al aire libre en el anfiteatro y en el cementerio respectivamente.
La quita de ítems, como el de mayor dedicación, es otra de las situaciones denunciadas, además de que algunos fueron enviados a trabajar a lugares alejados sin el pago de viáticos y les impusieron nuevos horarios.
«Lo ideal sería que volvieran a su función anterior. En lo técnico, si vos servís para un puesto de trabajo, deberías seguir ahí, más allá de tu color político», dijo Gastón Barcenilla, presidente de la UCR tunuyanina.
En nombre del intendente Martín Aveiro, respondió Julio Villafañe, jefe de Gabinete, desmintiendo que haya persecución política y aseguró que lo hecho responde a cambios que vienen realizándose hace dos años y a un control sobre el cumplimiento de ítems. Además de decir que son decisiones que no se pueden negociar porque «los empleados tienen que trabajar», afirmó.
«Me voy a presentar con la documentación y el libro de actas de Recursos Humanos, donde hay un control de gestión y funcionamiento de las áreas para mostrar que hay casos de gente que se retiraba antes de tiempo o que marcaba tarde», se defendió Villafañe, agregando: «Ellos garantizaron que no se modificaran los ítem de mayor dedicación», pero advirtió de que entre los afectados «hay quienes no los trabajan y que no pueden ni siquiera hacer una defensa gremial».
