La Vicegobernadora cree que es clave el aporte nacional para hacer las obras necesarias.
La ONU se expidiera por el conflicto por el río Atuel, la vicegobernadora, Laura Montero, fue la primera autoridad mendocina en dar su opinión política respecto al tema.
La sanrafaelina e ingeniera agrónoma festejó que el fallo (no vinculante) de las Naciones Unidas le pida a la Nación que busque un acuerdo entre las dos provincias, lo que a su entender sería “la solución de fondo”.
“La Nación es parte del conflicto, hay que meterla en el problema ya que es una cuestión tripartita y debe tener también un rol protagónico en este diálogo”, señaló Montero y dijo que, para resolver el problema, “hay que actuar con más cabeza de ingeniero que de abogado” .
Esta última expresión tiene algunas interpretaciones. La Vicegobernadora apuesta a su buena relación con el actual gobernador pampeano, Carlos Verna, que también es ingeniero y con el que compartió banca en el Senado.
Pero la casualidad aporta otro punto en común: Verna fue gobernador también en la época de Julio Cobos (2003-2007) y en aquel momento, los dos gobiernos trabajaron en un acuerdo que ahora Montero intenta poner en valor nuevamente.
“Ese convenio luego lo agarró en el 2008 (el ex gobernador justicialista, Celso) Jaque y lo desvirtuó. En aquel momento, salí con los tapones de punta e hice una presentación en Fiscalía de Estado para que declarara la nulidad. Ellos me respondieron en realidad que no existía porque no tenía ratificación legislativa”, recordó Montero.
Pero en cuanto al borrador original, del que participó Verna, la Vicegobernadora destacó los principales puntos en la búsqueda de solución.
La principal propuesta es la impermeabilización de la red primaria, para evitar que el agua que sale del dique y va a la finca se filtre y se pierda. Según explicó la Vicegobernadora, este problema se da luego de la construcción del dique El Nihuil (1947).
Los otros puntos de aquel borrador proponen la construcción de un acueducto entre Carmensa y La Puntilla, la creación de aforos, que sirven para medir el agua y contribuyen a su optimización, y mejoras en el riego de las fincas, como el sistema por goteo.
Las propuestas de este convenio original, que al entender de Montero no se concretó en su espíritu en el acuerdo que firmó Jaque con Oscar Jorge en el 2008, fueron destacados como parte de ese “acuerdo”que exige la ONU.
Y en este punto, apeló a que en este proceso de inversión participen fondos nacionales. “La Pampa debe poner el 25%, Mendoza otro 25% y la Nación el 50%”, explicó la Vice.
Con estas herramientas, Montero apostó a retomar las conversaciones con Verna y recordar aquellos tiempos en los que se buscaban soluciones comunes. Para avanzar, ya habló con el gobernador Cornejo. “Él me dijo que veamos cómo podemos encarar el problema”, contó.
Marcolini: “La ONU maneja información parcial”
El intendente de Alvear, Walter Marcolini, encabeza desde el Sur su lucha en la defensa de la posición mendocina en el conflicto por el río Atuel. Con respecto a la opinión de la ONU, que se conoció el martes, el radical minimizó el impacto en el proceso judicial y señaló que “el dictamen no es vinculante y no participa del juicio. Es un dato más que reconoce que hay que ponerse de acuerdo con La Pampa”.
Marcolini creó una comisión que está integrada por Aldo Guarino Arias, jurista experto de Aguas y Ambiente, y Marcelo Romano, abogado del agua y defensor de los regantes de San Rafael, además de los regantes. “La idea es hacer un seguimiento del conflicto”, explicó y dijo que a su vez ha tenido contactos con el fiscal de Estado, Fernando Simón, y el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, con quienes analizó la situación.
En cuanto a su opinión política, dijo que “la ONU maneja información parcial, ya que no hace referencia al acueducto que funciona desde 1991 y por el cual las poblaciones de Santa Isabel y Algarrobo del Águila (La Pampa) reciben agua mineral mejor que la nuestra”.
En los hechos, este sistema de irrigación pasa agua para 6 mil habitantes, cuando las dos poblaciones pampeanas tiene 2.800.
En torno a esto, Marcolini consideró que “La Pampa tiene una actitud contradictoria, porque se opone al trasvase del río Grande al Atuel, que es la solución de fondo, junto la impermeabilización de los cauces”.
