Se viene una nueva modificación del Código Procesal Penal (CPP) de Mendoza. El proyecto de ley que ingresará hoy a Legislatura para agilizar los procesos judiciales del crimen no es nuevo, se viene cocinando desde fines del mes pasado, pero recién ahora la letra fina está lista para llegar a debate legislativo.
El proyecto tiene un hallazgo del que se venía hablando, pero que ha tenido modificaciones en el tiempo. De aquella idea original de nombrar co-fiscales, hoy se decidió agregarles atribuciones a los casi 100 ayudantes fiscales que ya están trabajando en la Justicia penal. En los hechos serían como “fiscales suplentes”, que participarían de audiencias, decidirían el archivo de causas y otros menesteres administrativos.
El otro detalle no menor es la ampliación de instancias orales que ya estaban en la agenda del gobernador Alfredo Cornejo, con el propósito evitar papeleo y poner a defensores y fiscales (o ayudantes fiscales) frente al juez de Garantías para que cada uno dé sus argumentos a viva voz y que el juez decida en el momento
Antes, el Gobierno había introducido la audiencia oral para la formalización de las prisiones preventivas. Ahora va por más, al estilo de lo que cualquiera puede ver en filmes y series norteamericanas.
Para aclarar, no se trata de la instancia de juicio oral y público que termina en condena, cosa que ya existe en la Justicia mendocina y que en otras latitudes tiene el aditamento de la presencia de un jurado conformado por ciudadanos. Se trata de ampliar el debate oral a las instancias previas a ese momento de definiciones, lo que llaman “investigación penal preparatoria”.
Ayer el ministro de Seguridad Gianni Venier decía que se trataba de que la “audiencia oral sea la forma básica de resolución” y luego recordaba que la letra de este proyecto había sido consultada en varias instancias, incluida la propia Suprema Corte.
Algo de eso informó Los Andes el 30 de junio pasado, cuando se comentaron las incidencias de un encuentro del que participó el mismo Venier, el ministro de Gobierno Dalmiro Garay, y el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, todos los miembros del Máximo tribunal de la provincia y el procurador Rodolfo González.
Días después, el 3 de julio, Los Andes ventilaba algunos detalles de ese proyecto que aún estaba en borrador, el noveno que preparaba el Gobierno referido a cuestiones de seguridad. Además del avance a la oralidad del proceso penal, se planteaba la creación de la figura del “co-fiscal”. El análisis del proyecto fue modificando esta idea.
En el proyecto que llegará hoy a Legislatura se habla de un nuevo protagonismo a los ayudantes fiscales. Según la cuenta de Venier, hay 69 ayudantes fiscales en la Primera Circunscripción judicial (correspondiente al Gran Mendoza) y 26 en la Tercera (conformada por los departamentos del Este).
En total, 95 ayudantes fiscales contra los 33 fiscales de instrucción que hay en ambas circunscripciones. Al incrementar las atribuciones de los ayudantes, se cuatriplican los agentes con “firma” para decidir sobre la investigación de los delitos.
Otra modificación incluye nuevas formas de notificación de decisiones judiciales a los detenidos. Actualmente, para avisarles de un cambio de carátula u otras medidas de rutina, se traslada a los presos a Tribunales, se los debe alojar en el subsuelo del Palacio hasta que un magistrado los reciba para notificarles esas decisiones.
En la iniciativa del Gobierno se plantea que los internos de los penales sean notificados electrónicamente en los mismos establecimientos penitenciarios. Rapidez y ahorro en logística además.
Una provincia con dos códigos distintos
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, dice que darle más atribuciones a los ayudantes fiscales tiene por objetivo no sólo la mayor autonomía para investigar a subalternos hoy sin protagonismo en el combate del crimen, sino también liberar las manos de los fiscales para que se dediquen a las causas más calientes o las del crimen organizado.
El problema es que la figura del “ayudante fiscal” sólo existe en la mitad Norte de la provincia. Es el viejo cuento de que Mendoza tiene dos códigos procesales penales, uno viejo que data de la década del cincuenta y el “nuevo” de principios de este siglo; este último está vigente sólo en la Primera y Tercera circunscripción judicial (Gran Mendoza y zona Este).
En la Segunda circunscripción judicial, que contiene a los departamentos del Sur, y en la cuarta conformada por Valle de Uco aún no se aplica el “nuevo” Código Procesal Penal (CPP), por lo que la investigación de los delitos la hacen los jueces de instrucción. Sobre estos departamentos la apuesta es llegar con el CPP vigente en los otros departamentos, con todas estas modificaciones ya aceitadas y que esa aplicación no implique mayor gasto por parte del Estado.
Sobre el querellante particular
La otra modificación que se venía trabajando era el fortalecimiento de la figura del “querellante particular”, una figura que en el Código Procesal Penal mendocino era mencionada como “querellante pretenso” y que no gozaba de muchas prerrogativas.
El ministro Gianni Venier indica que al darle más margen de acción al querellante particular “estamos cumpliendo con pedidos de organismos internacionales para darle más derechos a las víctimas”.
Actualmente, el representante legal de las víctimas sólo puede actuar en caso de que haya imputados en un delito; la idea es que el querellante intervenga desde el inicio de la investigación del delito y pueda pedir medidas de prueba y plantear líneas de investigación.
