La semana que pasó le trajo varios dolores de cabeza al oficialismo en la Legislatura, donde se preparaban para avanzar con seis proyectos hasta que dos senadores radicales decidieron no presentarse en el recinto, perdiendo así el quórum propio y teniendo que convocar a una sesión especial ante la ausencia de la oposición.
Ahora, con la situación «estabilizada» dentro del partido, el Frente Cambia Mendoza espera este martes poder votar las propuestas pautadas: Avalúo e Impositiva; la ampliación de la Corte; la eliminación de la cárcel como castigo para quienes no pagan el micro; las modificaciones en la ley de Tránsito y el proyecto de Acceso a la Información.
La demora se produjo cuando los senadores Walter Soto y Raúl Ferrer se negaron a sesionar, argumentando que no se había debatido lo suficiente el proyecto de ampliación de la Corte. El Frente Cambia Mendoza decidió que era un punto innegociable, por lo que no accedió a la petición de demorar una semana más el tratamiento. Así, con sólo 19 legisladores en el recinto, decidieron que continuarían con sesiones especiales hasta que el reglamento les permitiera votar sin quórum.
Pero no fue necesario extender el plazo otra semana más: Ferrer y Soto se reunieron el jueves con el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, con quien acordaron que bajarían al recinto este martes si se consultaba a especialistas. Así, para esta semana se espera que se avance con todos los proyectos de la lista.
Suprema Corte
El proyecto ingresó el 30 de octubre a la Legislatura y se votará la media sanción para ampliar los jueces de 7 a 9, argumentando que se podrá hacer un trabajo más eficiente. La norma es anunciada por el Gobierno como otra forma de «acelerar la justicia» y de hacer frente a la «industria del juicio», ante las 25 mil causas cada 100 mil habitantes que hay en Mendoza.
Después de que la norma pase a Diputados -donde no habría problemas para que se apruebe por la mayoría que posee el oficialismo-, el gobernador Alfredo Cornejo deberá enviar los pliegos de los dos candidatos para jueces de la Suprema Corte. El año pasado, cuando el mandatario presentó a José Valerio, un sector de la sociedad salió a reclamar que se propusiera a una mujer.
De hecho, la vicegobernadora Laura Montero apunta a que esta sea la decisión que se tome. «La Corte está desbalanceada, hay que poner a una mujer», afirmó. Aún así, en las últimas oportunidades que Cornejo ha tenido que proponer a un candidato a votación -como Valerio o el procurador general, Alejandro Gullé- lo ha anunciado sobre la hora.
Desde la oposición, sin embargo, señalan que la medida sólo busca ampliar el poder de Cornejo. El senador justicialista Gustavo Arenas reclamó que además de tener tres jueces elegidos por el gobernador en el máximo tribunal, «también habrá una ampliación en el Jury y en la Junta Electoral, teniendo control en más ámbitos de la Justicia».
Acceso a la información
Se esperaba que este proyecto estuviese listo para septiembre, pero como ha ocurrido siempre con esta medida, tarda en concretarse. Ahora la iniciativa tiene luz verde y se espera que esté lista antes de fin de año.
El Acceso a la Información Pública es un derecho contemplado en la Constitución Nacional que afirma el correcto desarrollo de la democracia, pero al no estar reglamentada, en la práctica tenía una efectividad casi nula.
La norma permitirá solicitar información a entidades públicas, obligándolas a responder en un plazo que no exceda el mes -15 días, que pueden prorrogarse otros 15-. El objetivo es que exista un mayor control sobre los actos que se realizan en los tres poderes del Estado.
Las solicitudes se van a poder realizar por formato electrónico o papel y se le debe informar a la persona si lo que se le entrega tiene lo pedido o si puede que se deriven de ellos. Según explicó el senador Marcelo Rubio, «se podrán hacer pedidos en forma anónima y no se puede imputar o sancionar a quienes ejerzan este derecho».
Multa sí, cárcel no
Cuando se acordó modificar el Código de Faltas por pedido del gobernador, la oposición reclamó que muchos proyectos suyos se habían frenado hasta que hubiese una reforma integral, por lo que si se avanzaba con los cambios puntuales en Seguridad para multar y detener a quienes portaran armas de jueguete u objetos contundentes, también se debían revisar los de ellos.
En consecuencia, el justicialista Arenas logró que se trate un proyecto para reemplazar la sanción a quienes no pagan el boleto del colectivo. «Hoy dan hasta 30 días de cárcel. Privar a alguien de la libertad es la pena máxima en Argentina. La idea es que pague una multa y no que tenga que ser detenida», explicó.
Por el momento, en los artículos se establece que la sanción será “una multa equivalente a veinte veces el valor del servicio no abonado”, pero esa cifra podría actualizarse.
Ley de Transito
Este proyecto vuelve con modificaciones desde Diputados, donde incluso hubo opositores que votaron a favor y oficialistas que votaron en contra. El principal conflicto es que los municipios deberán encargarse de la Seguridad Vial, pero no se contempla en detalle una partida presupuestaria para que las comunas se organicen en este tema.
En la Cámara Baja se añadió que durante un año los municipios cobren un cuarto de todas las multas que la Policía haga dentro de cada territorio, mientras que las sanciones que realice la seguridad de cada comuna se quedará en sus arcas para mantener el nuevo deber.
Sin embargo, hay al menos cinco cambios centrales en esta ley además de la seguridad municipal: se prohibe retener el carnet de conducir; los menores de 12 irán detrás y hasta 4 años en sillita; se multará a quienes anden en bicicletas sin casco; las protestas deberán efectuarse por la vereda -como contempla el Código de Convivencia Ciudadana de Capital- y como medida de sanción se incluye el trabajo comunitario.
Avaluo e impositiva
Las principales leyes que sostienen al Presupuesto provincial tuvieron media sanción en Diputados, donde sólo el radicalismo votó a favor y debió desempatar el presidente de la Cámara, Néstor Parés.
De acuerdo con el diputado radical César Biffi, la idea es reducir «de a poco» la presión impositiva, a través de un plan quinquenal. La norma establece una reducción de un cuarto de punto en Ingresos Brutos sobre 117 nuevas actividades, acumulativo para los que recibieron descuento el año pasado.
En el sector Inobiliario se mantendrá las alícuotas, mientras que en Sellos se mantendrán exentos los alquileres de vivienda hasta 72 mil pesos por año; mientras que en Automotor no habrá un cambio para la fórmula de calcular el impuesto, pero si se actualizarán los valores según la Dirección de Registros de Automotor por lo que valga el vehículo actualmente.
