Un negocio familiar. Eso ha sido y es la Tupac Amaru mendocina para los investigadores judiciales que acusan a la líder de Mendoza, Nelly Rojas, y a su familia de haber montado una asociación ilícita con el sistema de cooperativas de trabajo para construir viviendas.
A través de esta estructura, Nelly Rojas y sus parientes habrían extorsionado, coaccionado y estafado a quienes ingresaban a la organización barrial con la meta de llegar a la casa propia, pero no acompañaban con los aportes monetarios y las actividades de militancia política que exigía la organización, fuera de la cuota obligatoria para acceder a la vivienda.
Las 20 cooperativas de trabajo que operan con la Tupac Amaru para construir barrios tienen todas domicilio en la casa de Nelly Rojas, dato que sorprendió a los investigadores.
Además, al menos media docena de familiares de Nelly presiden formalmente algunas de esas cooperativas y en otras, integran las comisiones directivas en cargos claves, como el manejo de la tesorería.
Damián Torrengo, uno de los hijos de Nelly Rojas, hacía compras con su facturero personal para varias cooperativas de trabajo. Es el mismo a quien el fin de semana pasado, la fiscalía le secuestró abundante documentación vehicular y un Citroën C4 Aircross, cuyo valor cero kilómetro ronda los $600.000.
Fue cuando Torrengo apareció en pleno allanamiento a preguntarles a los investigadores: «¿Que están haciendo en el galpón de mi madre?», inmueble que la Tupac alquilaba en Lavalle al dueño de una concesionaria de autos.
El tema de los vehículos no es menor y configura lo que los detectives llaman «la lista de Nelly», es decir, el listado de los bienes de la familia de la dirigente social, cuya posesión no podrían justificar ni aún sumando los planes sociales que cobraban y que la Justicia tiene confirmados.
Una flota de aproximadamente 30 vehículos engrosan la famosa «lista de Nelly», muchos de alta gama como un Audi, el Citröen C4 Aircross secuestrado, varias camionetas Toyota Hilux 4×4, dos Toyota Corolla y al menos siete camiones, entre otros rodados.
Parte de la documentación de algunos de estos vehículos apareció en la mochila que también le secuestraron a Damián Torrengo la tarde que el sacaron el Citröen C4 Aircross.
Todos esos bienes, a los que se agregan dos inmuebles sobre los que no se ha especificado si son casas o lotes, están a nombre de Nelly Rojas o de su marido Ramón Martínez, sus hijos, sus nueras o sus yernos, pero ninguno a nombre de la Tupac Amaru ni de las cooperativas.
Con el control de la sede local de la organización barrial y el control de las cooperativas, la fiscalía sospecha que Nelly manejaba todo el circuito del dinero, ya que a través de la Tupac conseguía la tracción política para obtener los fondos y por las cooperativas que ella controlaba con sus hijos y parientes tenía el manejo del dinero y las obras.
Así, está confirmado en la causa que Verónica Martínez (hija de Nelly) es presidenta de la cooperativa Sayanca, Ramón Martínez (marido de Nelly) es presidente de la coopeerativa Trabajo y Fuerza, Pablo Carmona (yerno de Nelly) es titular de la cooperativa Tierras del Este, Federico Torrengo y Carla Matínez también son presidentes de otras dos cooperativas respectivamente.
Nelly Rojas tiene siete hijos: Natalia Rojas, que lleva su apellido; Damián y Federico Torrengo, y luego Carla, Aída, Aldo y Facundo Martínez, de la unión de Nelly con Ramón Martínez, su actual marido que, como ella, está detenido.
Todo el entorno familiar tiene una función dentro de la estructura de la Tupac o las 20 cooperativas que operan con la organización barrial y que en algunas, aunque no las presiden, tienen puestos claves. Natalia Rojas, por ejemplo, sería tesorera en la cooperativa Ilusiones.
Varios testimonios aseguran en la causa que los familiares de Rojas salían con bolsones de dinero del Banco Nación en Lavalle.
Según el testimonio de directivos bancarios de la entidad, llegaron a sacar más de medio millón por día, que disparaban ciertos mecanismos de advertencias financieras, que luego no tenían repercusión.
La forma en que operaba y construía viviendas la Tupac de Nelly Rojas terminaba de cerrar el circuito de control completo.
Normalmente, para que el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) apruebe un barrio y entregue la vivienda al adjudicatario con el título de propiedad, este debe estar urbanizado y con todos los servicios.
La Tupac comenzaba al revés: construía las casas, las entregaba a los asociados y no urbanizaba, por lo que el IPV nunca las adjudicaba.
Cuando los afiliados a la Tupac que habían obtenido la vivienda no cumplían con los requisitos o las exigencias de Nelly y la organización barrial, eran desalojados a la fuerza.
Los afectados terminaban en al fiscalía porque no tenían título de propiedad. La Tupac se quedaba con la casa, que algunas denuncias señalan que se terminaban vendiendo a otros postores.
