La inseguridad es un asunto que preocupa a todos los sectores de la población. Cada vez son más los hechos delictivos, y, la sociedad no sabe a quién recurrir. Así los titulares del Sindicato de Choferes de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) y el gremio de los empresarios del transporte (Autam) que, cansados de los robos en las unidades, sólo piden protección a las autoridades provinciales.
El último hecho, al menos denunciado, ocurrió hace dos días, fue en el Jardín Agrelo de Luján. Allí un joven subió a la unidad, amenazó al chofer con una picana y le exigió dinero. El conductor, entonces, cerró las puertas del rodado y le dijo que lo llevaría a la comisaría. Ante esto, el ladrón corrió hasta el final del colectivo y se arrojó por una de las ventanas. Al caer al piso golpeó su cabeza contra el asfalto lo que le causó la muerte en el momento.
El suceso generó la bronca de los trabajadores del volante que ya no saben qué mas hacer. “Los choferes no están con miedo, están con mucho miedo. Hoy la situación es insostenible. Es muy traumático para ellos salir a trabajar sabiendo que algo nuevo les va a pasar”, dijo Carlos Araujo, Delegado Obrero de Transporte Bartolomé Mitre y miembro de la Comisión de SIPEMON.
“Desde el 2010 venimos esperando una solución por parte del Gobierno y la respuesta nunca llega. Cuatro gobiernos han pasado y acá estamos, seguimos trabajando con máquinas expendedoras de boleto, lo que implica que el chofer siga manejando dinero, nos seguimos arriesgando a todo por unos pesos y no sólo luchamos por nuestras vidas, sino también la de los pasajeros”, aseguró.
Ante la situación, autoridades de AUTAM refirieron que hoy no están en condiciones de decir nada porque todo depende de una decisión política. En el 2010 se realizó la última licitación y se llegó a la conclusión que los micros de media y larga distancia no podían funcionar con máquinas expendedoras electrónicas ya que en las zonas en que se manejan es mucho más complicado conseguir recargar las tarjetas, por ello, hubo un compromiso en buscar soluciones, que aún no han llegado.
“Pasaron seis años y nada ha cambiado. Lo que pedimos es mayor seguridad, pero somos conscientes que no puede subir un policía por unidad. La policía sabe cuáles son las zonas conflictivas y es allí donde se debería reforzar la seguridad”, advirtieron.
