La Legislatura dio sanción final al pedido de un endeudamiento por U$S81 millones para este proyecto, más U$S 9 millones para refacciones en otras penitenciarías.
Luego de 2 años de idas y vueltas, la Legislatura aprobó el proyecto para acceder a un nuevo endeudamiento y así poder construir una cárcel para 900 internos en Cacheuta, a metros del penal de Almafuerte.
La iniciativa ya tenía la aprobación en la Cámara de Diputados, y este martes el Senado le dio la sanción final al proyecto que destinará 81 millones de dólares (unos 1.200 millones de pesos) para el establecimiento penitenciario, y de 9 millones de dólares (135 millones de pesos) destinado a reformas en otras cárceles.
Si bien hubo algunas objeciones a la iniciativa, se obtuvieron más de los dos tercios necesarios para acceder al endeudamiento, con 35 votos afirmativos (UCR y PJ) y 2 negativos (FIT). Los reparos correspondieron sobre un supuesto beneficio, por un lado, de la empresa creadora del proyecto (Obras Andinas) en la futura licitación. No obstante, el oficialismo aseguró que la construcción será por licitación pública nacional –y posiblemente internacional- para tener “la mejor propuesta para la provincia”.
En tanto, desde el Frente de Izquierda, sus senadores Noelia Barbeito y Victor Da Vila, expusieron su negativa a “aceptar un nuevo endeudamiento en dólares, que serán pagados por el pueblo mendocino”. Además expresaron que en las cárceles “irán a parar los presos de los sectores populares, pero seguramente no irán allí los López o los que llevan el dinero a Panamá”, en referencia al presidente Mauricio Macri.
El radicalismo, por su parte, hizo referencia al estado alarmante de las cárceles actuales, con la mayoría de los presos viviendo en condiciones insalubres, y también a las recientes acciones de la Corte Suprema local, dando lugar a diferentes habeas corpus, solicitando que se realicen los trabajos necesarios para que «cesen las condiciones inhumanas, crueles y degradantes de las personas sometidas a prisión preventiva»
La cárcel
Si bien hay un proyecto inicial de una cárcel de iniciativa privada (Obras Andinas), la ley aprobada sólo pide el endeudamiento, por lo que posteriormente se llamará a licitación pública para la construcción y se podrá elegir entre este propio proyecto u otro.
Si bien el plazo de construcción del mismo es de 36 meses, el objetivo del Gobierno es bajarlo a 24 meses. En tanto, también se espera que en unos 150 días se pueda terminar todo el proceso de licitación, para comenzar con la obra.
No obstante, desde el Ejecutivo afirmaron que sí o sí será la empresa privada que gane la licitación pública la que deba financiar la edificación, por lo que se evaluará también las facilidades de pago que se puedan ofrecer. El propio ministro de Hacienda, Martín Kerchner, aseguró que se pretende que la Provincia pueda tener entre 5 y 8 años para cancelar la deuda.
La iniciativa que contempla una capacidad para 904 presos, se ubicaría a unos 700 metros de la cárcel de Almafuerte en un terreno total de 46.000 m2, por lo que utilizará todo el sistema de acceso que tiene el penal que se inauguró en 2007.
El Proyecto
ART. 1 Facúltase al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito por hasta la suma de un monto en pesos equivalente a dólares estadounidenses Noventa Millones (u$s 90.000.000) o su equivalente en otras monedas, para atender el pago de la totalidad de los costos, gastos y demás accesorios que se devenguen con motivo de la «CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN DIFERENCIADA CERRADA PARA EJECUCIÓN DE PENA» (Ley Nacional Nº 24.660 y sus modificatorias y Ley Provincial Nº 7.976), como asimismo, para afrontar los costos, gastos y demás accesorios derivados de la obtención del financiamiento y/o administración fiduciaria de los fondos obtenidos para la construcción de la obra objeto de la presente Ley. El Poder Ejecutivo podrá destinar hasta el diez por ciento (10%) del total del crédito autorizado por la presente, para refacción o refuncionalización del Sistema Penitenciario de la Provincia de Mendoza.
La autorización dispuesta para hacer uso del crédito, se otorga en un todo de acuerdo con lo establecido en los Artículos 60 y 66 de la Ley 8.706.
ART. 2 Facúltase al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso con el objeto de administrar los fondos que se obtengan, a fin de que los mismos sean aplicados al destino previsto en la presente Ley.
ART. 3 Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar y/o incrementar las partidas necesarias del Presupuesto General para hacer frente al pago de los servicios de la deuda, contra mayor recaudación estimada.
