La medida abarca a todo el personal, «independientemente de la edad y la condición de riesgo», según figura en la resolución 125 publicada en el Boletín Oficial, cuando hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19.
Sin embargo, al tomar como base la Resolución Conjunta 4/21 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo de la Nación, quedan exceptuadas (siempre y cuando no tengan las dos dosis de la vacuna covid-19) las personas con inmunodeficiencias congénitas, asplenia funcional o anatómica, VIH, con medicación inmunosupresora o corticoides de altas dosis y pacientes oncológicos y trasplantados.
«Los trabajadores y trabajadoras deberán presentar constancia fehaciente de vacunación correspondiente o manifestar con carácter de declaración jurada los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación», se aclara en el texto.
En el documento, se detalla que «las vacunas utilizadas en Argentina demostraron una adecuada eficacia para la prevención de las formas graves y de la muerte por la enfermedad, lo cual disminuye el riesgo y posibilita el retorno de los trabajadores a sus lugares de trabajo».
La medida ya había sido tomada por otras reparticiones del Estado, como la Legislatura, el Poder Judicial y, previamente, el Estado nacional.
