El Gobierno busca liquidar inmuebles que quedaron en su poder por deudas impagas de clientes de los ex bancos estatales y la Cámara de Diputados le dio su apoyo para facilitar los trámites. De esa manera podrían venderse terrenos, casas, galpones y campos que suman como mínimo 33 millones de pesos.
El plan es de la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (Daabo), un organismo que tiene la función de cobrar deudas que quedaron de la privatización de los bancos provinciales.
La actual gestión, a cargo de Mauricio Iglesias, quiere concluir cuanto antes el objetivo y pretende liquidar inmuebles que le insumen costos fijos. Para tener una idea, durante 2015 se pagaron $ 5 millones en concepto de seguridad, un “gasto improductivo” que prefieren eliminar.
Iglesias explicó que se trata de un análisis complejo ya que no todos los bienes están titulados sino que algunos están en trámite. “Hay 58 inmuebles que la oficina tiene bajo su título. De esos la Provincia usa 22, los municipios ocho, hay dos en comodato con organizaciones sin fines de lucro y los 26 restantes potencialmente saldrían a la venta”, detalló el director.
Aparte de esos 58, hay otros 18 en trámite de inscripción y que una vez lograda también saldrían a la venta. A eso habría que sumar otros 17 que están en trámite de transferencias por el órgano “Cese de Actividad Reglada”. Pasando en limpio, hay un total de 93 inmuebles pero de esos en principio se pueden vender 26.
Lo primero a tener en cuenta es que los pedidos de compra/venta y los trámites son dinámicos y por eso van variando los bienes disponibles (lo que hoy está desocupado, mañana puede ser pedido por un ministerio). Lo segundo es que se mide el avalúo de las propiedades pero ese valor es menor al de tasación y al de mercado, que se fijará después. Ese mínimo total de avalúo ronda $ 33 millones.
El valor individual puede oscilar entre un baldío en General Alvear de 29 mil pesos, una vivienda usurpada en Las Heras de 800 mil y un terreno de 38 hectáreas en San Rafael por casi un millón.
Dentro de las propiedades que podrían salir a la venta, la destacada es una planta industrial metalúrgica custodiada por dos guardias de día y tres de noche. En un terreno de más de 2 hectáreas y ubicada en San Francisco del Monte, Guaymallén, su avalúo ronda los 4,5 millones de pesos.
Flexibilizar la norma
Lo que ayer se aprobó en Diputados fue un paso para flexibilizar el corset de la ley provincial de Administración Financiera. Ocurre que el Ente de Fondos Residuales (origen de la Daabo) tenía la posibilidad de liquidar inmuebles de forma flexible, pero eso se terminó con los mecanismos rígidos que estableció la ley aprobada en 2015.
Según explicaron desde la Legislatura, actualmente para vender cada inmueble la dirección necesita que se apruebe un proyecto de ley específico. Con esta modificación, el organismo estaría exceptuado de ese requisito.
Otro cambio es que se define un criterio para determinar el valor de referencia con el que se van a liquidar los bienes, cosa que no estaba estipulada de forma clara en la anterior redacción.
La reforma había logrado media sanción en el Senado hace pocos meses y en esta semana las autoridades se reunieron con la comisión de Hacienda y Presupuesto para poder avanzar. Ayer la propuesta fue aprobada por Diputados pero como se cambiaron algunos puntos debe regresar al Senado para su aprobación final.
«Queremos que el proceso de disposición final de estos bienes que tiene la Daabo sea lo más eficiente, lo más transparente y lo más dinámico posible a efectos de poder dar un corte y que no siga siendo un gasto del Estado mantener estos bienes”, sintetizó el diputado radical Jorge López.
Aprobaron cambios al banco de ADN
La Cámara baja dio sanción definitiva al proyecto de Huellas Genéticas Digitalizadas que propuso el oficialismo. Esta modificación de la ley 8611 permitirá crear un banco de huellas para obtener el ADN y utilizarlo en la investigación de delitos.
En un primer término, estar en el banco será obligatorio para las personas con sentencia firme (incluso previas a la ley), policías, penitenciarios, imputados, personal de seguridad privada y miembros del ministerio público que intervengan en la investigación. También pueden sumarse voluntarios como familiares de una víctima.
Desde la Legislatura informaron que la obtención de las muestras se realizará en forma automática por resolución del fiscal o del juez interviniente y también que “el registro incorporará la huella genética de toda persona condenada con sentencia firme, en forma inmediata”.
La propuesta que envió el Ejecutivo fue analizada primero por los senadores, que discutieron por la seguridad de los datos y pidieron que no se utilizara más allá de la investigación. El oficialismo aceptó algunos cambios y logró el visto bueno de ambas cámaras.
