El precio de las tarifas de los servicios públicos genera debate interno en el Gobierno y preocupación en la comunidad. En ese esquema, el transporte público y el precio del boleto es el tema más sensible. Todo apunta a que a principios del año que viene se realice el ajuste de los valores, que sería menos importante que el último aumento (que fue del 50%).
Por «inercia» de la inflación, el precio del boleto podría rondar los $7, tomando como base el aumento del 17%. Pero entran en juego otras variables y antes de decidir el valor (con audiencia pública de por medio) analizan ajustar el sistema de «gratuidades» y descuentos. Entre otras cosas, apuntan a acortar el tiempo del trasbordo y que haya menos apertura para el uso de abonos fuera del horario de uso intensivo. El contexto es delicado, pues antes de que se aplique una nueva tarifa en los colectivos, ya regirá el aumento del agua, el gas (por decisión nacional), los taxis y la luz sigue el mismo camino.
En la previa, hubo una desaceleración en el crecimiento de los subsidios provinciales, pues el año que viene habrá un crecimiento que rondará el 10% respecto al 2016. Según el proyecto de presupuesto, el año que viene se pagarán 604.500.00 pesos a las empresas a través del Fondo Compensador, sin tener en cuenta el Metrotranvía. Este año estaban presupuestados 554.154.814 pesos. Es decir el crecimiento es del 9 por ciento. Desde Transporte explicaron que la cuenta que hacen para el año que viene es lineal: no quieren que se pase del 17% de lo que se ejecutará este año. En el Presupuesto 2014 el Fondo Compensador había sido menor a los 300 millones de pesos.
La puja por la suba
Las empresas de transporte pidieron un aumento en lo que les pagan por kilómetro recorrido y el Gobierno lo analiza. Antes, deben evaluar los costos y realizar una audiencia pública. En el caso de los taxis y remises el proceso fue el mismo y la oferta de aumento oficial rondará el 20%. Por ahora la postura oficial es esa: no salirse de la pauta de inflación que prevé el presupuesto nacional; es decir hasta el 17%.
La gestión del sistema de transporte urbano está a cargo del Estado, que cobra el boleto, recauda y paga a las empresas. Las tres fuentes de financiamiento son los subsidios nacionales, el subsidio provincial y la recaudación por lo que pagan los usuarios. El precio del boleto depende de cómo el Gobierno decida equilibrar esas cuentas: si quitan subsidios, el precio del boleto sube más. Por el contrario, si congelan la tarifa, hacen falta más recursos públicos. Los empresarios cobran igual, casi sin riesgo.
Como sea, la nueva tarifa correría para principios del año que viene y en el mismo momento entrarían en vigencia otros cambios. Uno de ellos será la modificación del trasbordo: reducirían sensiblemente el tiempo permitido para que el segundo pasaje sea gratis. Hoy es de 90 minutos. Lo llevarían a un tiempo que podría rondar la media hora.
También quieren revisar otras «gratuidades». Sabiendo los costos políticos y sociales que puede tener la eliminación de cualquier abono, lo que buscarán es ajustar el control del uso. «Cualquier medida es muy sensible y no se va a afectar a la población. El sistema es tan complejo que es difícil que una sola medida tenga efecto en la recaudación», explican desde el Gobierno.
La intención de fondo era modificar la forma de administrar el sistema, algo que quedó descartado para el año que viene. Es que la concesión está vencida y si hay modificaciones será con la nueva licitación. Al mismo tiempo, ya firmaron el contrato con la consultora privada que diseñará el nuevo esquema de recorridos.
