El miércoles pasado comenzó el análisis legislativo de uno de los proyectos sobre Seguridad más ambiciosos del gobernador Alfredo Cornejo: el que amplía la base de datos del registro de huellas genéticas del Cuerpo Médico Forense.
Norma que, según sus autores, hará “mucho más eficiente” el esclarecimiento de delitos.
El proyecto agranda la toma de datos para ese registro. Hasta ahora, y según la ley 8.611, debía incluirse a los imputados y procesados, los policías y los penitenciarios, y hasta las víctimas de delito (de manera voluntaria).
Ahora se busca incorporar a los funcionarios relacionados con esta área (fiscales, ayudantes de fiscales y hasta al propio ministro Venier, que prometió ser el primero en aportar su ADN), y hasta al personal de seguridad privada.
La ley 8.611 ya tuvo una modificación en noviembre pasado. La ley 8.827 amplió la dependencia original del registro, de la Suprema Corte a la órbita del Ministerio Público. Ordenó que sea el procurador general quien lo administre.
Esto va en línea con los cambios que Cornejo impulsa en el Ministerio Público Fiscal, con anuencia del nuevo jefe de los fiscales, Alejandro Gullé.
Ahora, la dependencia será exclusiva del Ministerio Público Fiscal. Según dice, esa decisión permitirá aumentar notablemente el número de muestras tomadas, que hoy implican unas 300 anuales, cuando lo que se espera es que sean “unas dos mil al año”.
Un punto central es aumentar el presupuesto del Laboratorio de Genética Forense, que hoy tiene sólo $ 2 millones. El propio Cornejo confirmó que la idea es asignar 25 millones de pesos a ese fin.
Lo que se busca es modificar, además de parte del Código Procesal Penal, la vigente ley 8.611, “Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas”, creada en 2013, pero sin funcionar hasta este año.
El proyecto, basado en las virtudes del ADN para identificar personas “con total exactitud”, busca que haya más datos en la base actual, pero también que la información sirva para estadísticas como “tasas de reincidencia” de los delincuentes.
Incluso, apunta a resolver conflictos en causas judiciales “no penales”.
Hasta el momento el proyecto no ha tenido cuestionamientos públicos. El oficialismo lo considera “imprescindible” para mejorar las investigaciones. Así lo indicó el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el senador radical Marcelo Rubio.
Pero en la oposición hay dudas que han transmitido en forma reservada al oficialismo. Incluso, algunos legisladores del PJ se mostraron renuentes a opinar ante la consulta de este diario. Sólo uno de ellos dijo que algunos puntos de la redacción “podrían ser inconstitucionales”.
Sin embargo, ninguno abrió juicio. Basados en la necesidad de análisis y en que hay “aspectos muy técnicos” que deben estudiarse, esperarán a mañana, cuando se reúnan con el oficialismo, “para proponer modificaciones”.
El Gobierno no cree que haya puntos inconstitucionales. De hecho, en la propia ley 8.611 se salvó esa situación, en base a legislación provincial y nacional ya aprobada.
El proyecto comienza sus fundamentos atendiendo a “la manda constitucional de garantizar la seguridad de los habitantes e investigar los hechos que vulneren sus derechos”.
Algunas dudas podrían plantearse en la toma del ADN, que puede hacerse por extracción de sangre o hisopado de mucosas, como la saliva.
“Para la Justicia, el dolor que produce la extracción de sangre con fines ‘superiores’ como esclarecer delitos o establecer la identidad filiatoria, es aceptable”, señaló el ministro de Seguridad, Gianni Venier. “La extracción de ADN se hace con saliva en una paleta, no es vejatorio ni produce dolor”, dijo.
El proyecto, en tanto, señala que “será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración género y cualquier otra circunstancia particular”.
En igual sentido habló el jefe del Laboratorio de Genética Forense, Miguel Marino. “No hay rasgos lesivos en la toma de datos. Se hará con una paleta especial para dejar la saliva”, indicó el especialista genético.
Otra duda podría darse sobre la identidad de las personas que ingresen su ADN a la base. “La muestra se incorpora a la base de datos con un código de barras, no con nombres”, destacó Marino. “Así se logra una desvinculación entre los datos filiatorios del individuo donante del material biológico y su perfil genético” explica el proyecto.
El laboratorio usa un sistema llamado “Codis”, que implica precisamente la codificación de datos. Ese sistema, junto al software correspondiente, lo entrega el FBI estadounidense a los países que quieran utilizarlo, convenio mediante. “Está aceptado en gran parte del mundo”, señaló Marino.
Por otro lado, la garantía del anonimato se comprueba en que los datos no se usan, salvo que haya “impacto positivo” al compararlos con una muestra tomada en un delito. “Es allí cuando efectivamente se conocerá la identidad”, explicó Marino. De todos modos, en caso de coincidencia, “se debe repetir el estudio”, añadió.
Otra garantía de la reserva de la identidad es que la ley prohíbe expresamente “dar a las muestras de ADN fines distintos” que no sean de la identidad de las personas. Con esto, se avanza ante algún posible cuestionamiento bioético.
Más allá de todo, hay quien piensa que en el futuro, todas las personas terminarán integradas en registros genéticos. “Será algo como la huella dactilar”, aventuran muchos.
“Sobre eso hay un debate mundial”, dijo Marino, para quien “el ADN debe usarse sólo con fin identificatorio”.
Un par de laboratorios y datos para ser vanguardia
En 2007, cuando Cornejo era ministro de Seguridad (gestión Cobos), impulsó la creación de un laboratorio de ADN en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo. Hasta entonces, tomar una muestra y analizarla implicaba esperar más de un mes “con suerte”, dicen.
Con ese laboratorio, cuyo primer director fue Miguel Marino, Mendoza ganó en tiempo, pero no en número de datos en el banco de ADN.
En 2012, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina instaló laboratorios regionales en todo el país. Eso permitió la creación del Laboratorio de Genética Forense, que hoy dirige Marino.
La mejora fue sustancial, ya que permitió dedicarlo en exclusividad a la investigación de delitos (principalmente de violencia de género), quedando el de Medicina para estudios particulares, sobre todo de paternidad.
Ahora, si es aprobado el proyecto, con la ampliación del registro y la utilización del software Codis correspondiente, Mendoza además de contar con dos laboratorios será pionera en el país en tener este tipo de base de datos
Los objetivos de un proceso simple
Los principales objetivos de la genética forense, según explicó Marino, son: relacionar a un individuo con un hecho o un acto criminal, exonerar a un sospechoso, identificar a personas o restos humanos, identificar víctimas de un desastre en masa.
En la actualidad, para que alguien ingrese a la base de datos, debe haber una orden de un juez de Garantías. Con el nuevo proyecto, la sola orden del fiscal permitirá que éste o su ayudante, o quien esté autorizado para hacerlo, extraiga la muestra.
La muestra se realiza con una paleta específica que toma la saliva de la persona. A eso se le coloca un código de barras que suplantará a la identidad de la persona (aunque al ingresar al registro, se le tomarán todos los datos filiatorios).
El ADN guardado en el registro permanece allí y sólo será usado si, ante una nueva muestra ingresada en un delito, existe “impacto positivo”, es decir, coincidencia o “match”con lo que estaba guardado.
“Allí es necesario hacer toda la prueba de nuevo, para lograr seguridad”, explicó Marino. “Eso lo contempla el proyecto”, aclaró.
Hitos genéticos
2004. La ley 7.222 crea el Recis (Registro Contra la Integridad Sexual). Su artículo 8 crea el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales (Reprigas).
2013. La Ley 8.611 crea el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas, en la órbita de la Suprema Corte de Justicia.
2015. En noviembre, la ley 8.827 lleva a la órbita del Ministerio Público el laboratorio de Genética Forense.
2015. El nuevo proyecto entrega al procurador general la administración absoluta del laboratorio y multiplica por diez su presupuesto.
