El repudiable episodio ocurrió en un paraje de San Carlos y los responsables son una pareja cuya chapa patente de su auto ya fue identificada. Los testigos radicaron la denuncia y podrían ser imputados bajo los delitos que prevé la ley Sarmiento.
Lamentable, inadmisible, repudiable, triste. Cualquier adjetivo no es suficiente para calificar un nuevo caso de crueldad animal producido en nuestra provincia, en esta oportunidad en San Carlos, que reabre la herida por la incineración y posterior muerte del cachorro bautizado como ‘Fueguito’, ocurrido a fines del año pasado.
Como es habitual en el departamento del Valle de Uco, vecinos de la zona disfrutaban de una tarde de esparcimiento en el paraje conocido como “La Salada” cuando oyeron los aullidos de un perro. Rápidamente se dirigieron al lugar de donde llegaban los sollozos del animal y con total sorpresa descubrieron a una pareja que había atado al cuello de un can, una soga cuyo otro extremo yacía anudado al paragolpes de su vehículo.
Los testigos tomaron fotos del hecho y cuestionaron a los protagonistas por el mismo. Éstos sólo respondieron que la mascota había sufrido descaderamiento y requería un sacrificio. Pese a que intentaron convencerlos de que existen otros métodos para la eutanasia, no tomaron en cuenta sus palabras y continuaron con el cruel acto, que consistía en arrastrar al perrito hasta que el ahorcamiento no lo dejase respirar. Lograron su cometido, abandonaron el cadáver y siguieron su camino.
Un grupo de periodistas que recibió la denuncia de los testigos del episodio, se trasladaron al lugar y llevaron el cuerpo sin vida del animal a la comisaría 18ª. Allí se radicó la denuncia por las personas que observaron el maltrato.
Miguel Martínez, a cargo de esa dependencia, explicó “vamos a pedir que el Tribunal intervenga por la Ley Sarmiento y se determinarán las causales del fallecimiento del perro y si estaba descaderado como dijeron estas personas”.
Asimismo, detalló que los denunciantes informaron la chapa patente de los responsables del hecho y su posible lugar de residencia. Será la Justicia la que defina si los cita a declarar y luego los imputa por “crueldad animal”, un delito que prevé de 15 días a un año de prisión, que puede ser efectiva.
