Tras el veto de Macri a la ley de tarifas, Hugo Yasky y Pablo Micheli emitieron un comunicado conjunto mientras aguardan una decisión de la CGT.
La CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli anunciaron la convocatoria a un paro nacional con movilización para el viernes 8 de junio, en rechazo al veto presidencial a la ley de tarifas y al acuerdo con el FMI, entre otros temas, mientras aguardan una definición de la CGT.
Así lo indicaron ambas centrales en un comunicado conjunto, en el que precisaron que realizarán un plenario el próximo lunes desde las 10:00 en la sede de la CTA de los Trabajadores de la calle Piedras al 1000, en el que votarán la moción de ir a una huelga.
«La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma han resuelto convocar a un plenario nacional con el objetivo de proponer un gran paro nacional, con movilización en todas las plazas del país, para el próximo viernes 8 de junio», sostuvieron en el texto firmado por Yasky y Micheli.
Las CTA agregaron que «la iniciativa conjunta responde así al mandato unánime de millares de trabajadores que han decidido rechazar el ajuste, los despidos, el FMI y, particularmente, la decisión presidencial de vetar la ley contra los tarifazos». Boletín Oficial: el Gobierno publicó el veto a la ley que frenaba el aumento de tarifas
Era una decisión preanunciada y concretada este viernes en el Boletín Oficial, donde el presidente Mauricio Macri, firmó el decreto que veta a la ley aprobada por la oposición en el Congreso de la Nación.
«El Presidente de la Nación Argentina decreta: obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el Nº 27.443; devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado». Es oficial: el veto a la ley que frenaba el reciente aumento de tarifas de los servicios públicos fue publicado hoy en el Boletín Oficial.
Tal como había sido anunciado, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto para vetar la iniciativa sancionada horas antes en el Senado por impulso del opositor Partido Justicialista. El decreto 499/2018, con las firmas de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña , y del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren , apela al costo fiscal de la ley en sus considerandos. Según el Gobierno, el freno a las subas implicaba un costo fiscal de $115.000 millones para 2018 y de $170.000 millones hasta 2019.
Los fundamentos del veto apuntan al costo fiscal, a la facultad que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo para fijar tarifas y hasta hace referencia al veto que dictó la expresidenta Cristina Kirchner cuando el Congreso fijó en 2010 que los haberes jubilatorios mínimos debían equipararse con el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil.
La sanción. Ayer a la madrugada, la oposición peronista le asestó un duro golpe al Gobierno y sancionó en la Cámara alta el proyecto que retrotraía a noviembre del año pasado las tarifas de los servicios públicos y que limitaba los aumentos a la variación de los salarios. La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y 30 en contra tras 12 horas de arduo debate y gracias al voto del Bloque Justicialista, que conduce Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), y del kirchnerismo.
A pesar de que se sabía que el Gobierno vetaría la ley, el tenor del debate dejó al desnudo la creciente tensión entre el oficialismo y la oposición como consecuencia de la crisis económica y dejó abierto un interrogante sobre la relación del Poder Ejecutivo con el sector peronista que responde a los gobernadores, cuyo respaldo a la gobernabilidad en el Senado ha sido clave en los últimos dos años y medio..
