Representantes del Gobierno provincial y del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) se reunieron este miércoles en la Subsecretaría de Trabajo para acordar los plazos de cancelación de la deuda retroactiva del período 2008-2015 por el ítem zona. Se pasó a una nueva audiencia para el 3 de noviembre.
Tras varias horas debatiendo, ambas partes confirmaron que se abonará en una sola liquidación por el sistema actual una vez que la Legislatura apruebe la partida que se estima rondará en 700 millones de pesos. Previamente se le entregará al sindicato el detalle de los montos asignados a cada docente y no docente de los 16 mil afectados. El gobierno se comprometió a entregar un soporte informático para poder controlar cada caso.
«Esta deuda es por la incorrecta categorización que se habían efectuado desde los establecimientos escolares en relación a la zona y por reconocimientos masivos que se hicieron en el periodos 2008-2015 que no fueron acompañados con las previsiones presupuestarias y el pago de las mismas. Hemos manifestado que el gobierno va a dar soluciones», indicó Ulpiano Suárez, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado.
«Hay voluntad de diálogo por parte del sindicato y la nuestra con cuestiones salariales y no salariales», resaltó el funcionario en esta primera audiencia con la nueva gestión del SUTE al tiempo que culpó a la anterior de no poder llegar a un acuerdo por «la intransigencia y rechazo constante, con muchas otras entidades nos pusimos de acuerdo» .
Sebastián Henríquez, secretario general del gremio docente destacó la importancia «de traer estos temas y tener un espacio concreto para revolver las cuestiones que hemos planteado, después se verá si se resuelven o no pero hay que hacer andar este procedimiento».
Varios temas sobre la mesa
Continuidad de suplentes, titularización por paritarias, la situación de celadores, además de otras deudas por retroactivos de antigüedad, junto a situaciones que suceden en distintos niveles y modalidades formaron parte de la lista que presentó el SUTE y de la cual el Gobierno tomó nota y se comprometió a llevar respuestas.
«La cantidad de problemas acumulados, porque llevamos dos años en donde que no se ha discutido paritaria, salvo en lo salarial que se cerró por decreto, han generado un listado extenso», agregó Henríquez.
¿Cómo es el ítem «ubicación desfavorable» que reemplazaría al ítem zona?
El gobierno escolar y el Poder Ejecutivo provincial acercó a la mesa que debatió esta mañana una nueva reestructuración del monto que cobran docentes y no docentes por trabajar en establecimientos educativos cuyo criterio actual se basa en la distancia que dista entre dicho edificio y la Ciudad de Mendoza. Así es como se encuentran escuelas en el centro de Tupungato que tienen asignado este ítem.
La provincia de Mendoza tiene 2500 establecimientos educativos que se reparten en 1584 edificios -en algunos funciona sólo una y en otros dos o más-. De esos establecimientos, el 50% no está en la clasificación necesaria para contar con el ítem zona. El 70% de los docentes y no docentes dependientes de la DGE cobra el ítem zona.
El nuevo esquema -que prevé una revisión cada 8 años y demandará un presupuesto de $400 millones- busca modificar el criterio que reclasifique a las escuelas basándose en nuevas variables e indicadores que determinará la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de acuerdo a la información pública que releva.
«Nos va a permitir, dentro del mapa de las escuelas, otorgar una preeminencia a los establecimientos ubicados en zonas marginalesFernández, Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas (DGE)., ya sean rurales o urbanas como así también escuelas en contextos de encierro. En este caso la bonificación será del 100%, siendo que hay algunas que hoy no cobrarían alguna zona», explicó el Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas (DGE).
El letrado resaltó además que se van a ponderar variables que «tienen que ver con la inseguridad, contextos de inseguridad y de vulnerabilidad social, junto a otras como el transporte público, prestación de servicios médicos, situaciones de clima riguroso, contaminación ambiental, entre otras».
«Hay un sistema de clasificación muy extenso, de más de 30 años. La realidad en el ’84 u ’85 que es cuando se dispuso, a la de ahora es distinta y ha hecho que impacte negativamente en la zona», argumentó.
La opinión del gremio docente
Desde el SUTE recibieron la propuesta escrita y plantearon que «esa documentación la tendrían que haber puesto a consideración de la Comisión de Zona, conformada hace dos años«.
Y en esa línea, el titular del gremio docente sostuvo que «vamos a respetar lo que ya elaboró esa comisión y además de la propuesta del gobierno, más lo vayamos a discutir en las escuelas es lo que vamos a discutir» pero que ese procedimiento «va a llevar un tiempo, no va a ser rápido y además esto se está dando en el marco de un atraso salarial importante«.
«Para nosotros es urgente que se pague la deuda, que se pague la zona que está establecida y que la discusión de los nuevos criterios sea en los tiempos necesarios, con las escuelas teniendo toda la información y que avancemos rápidamente en los otros temas: la recomposición salarial por un lado con la inflación que superó ampliamente los salarios y por otro, los otros temas que tenemos que son del sistema educativo», indicó Henríquez.
El gobierno afirma que no será a la baja
Este nuevo criterio, que se debatirá con el SUTE, «no modificará el salario docente«, enfatizó el encargado de los asuntos jurídicos de la DGE.
«No va a haber modificación de la zona a los docentes mientras se recalifica y aún después. Cuando se recalifique ese establecimiento y resulte un aumento se le va a impactar positivamente, pero no habrá disminución de este ítem a ningún docente de la provincia de Mendoza por esta nueva clasificación», precisó.
