La semana que viene comienza formalmente el proceso paritario 2017, pero uno de los sectores, el de los empleados judiciales, tiene complicado ese inicio.
La razón de esta situación es que por estos días, los empleados del Poder Judicial no tienen gremio que los represente. La complicación es tal que hasta podría no realizarse el encuentro (y los sucesivos).
Si no hay una pronta resolución, el Gobierno ya advierte que el eventual incremento salarial “podría darse por decreto”.
Así lo confirmó el subsecretario de Gestión Pública del Ministerio de Gobierno, Ulpiano Suárez, quien señaló que esa medida “de última”, sería tomada “para no perjudicar a los trabajadores”.
La reunión está programada para el próximo martes 17 de enero pero, según las últimas informaciones, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, no está habilitada para funcionar como tal.
Esto, debido a que en setiembre pasado, el Ministerio de Trabajo de la Nación anuló las elecciones de ese sindicato, realizadas el 8 de junio.
El motivo de esa anulación fue que el organismo nacional hizo lugar a las impugnaciones que presentó la lista Bordó, liderada por Sergio Mortarotti (que perdió la elección por menos del 2% de los votos), considerando que hubo irregularidades en el proceso.
Específicamente el Ministerio declaró la “ineficacia jurídica” de la convocatoria a la asamblea ordinaria que debía realizarse el 1 de abril, pero que no fue convocada, a vista del Ejecutivo nacional, con tiempo suficiente y de la manera adecuada.
Por lo tanto, consideró nulo todo el proceso que se generó a partir de esa asamblea, incluyendo las elecciones.
La elección fue ganada por la lista oficialista Verde, encabezada por Adriana Domínguez, hasta entonces secretaria adjunta del gremio, que todavía conduce el histórico dirigente Carlos Ordóñez.
Domínguez debía asumir en noviembre, ya que el mandato de Ordóñez terminaba el 31 de octubre. Sin embargo, la anulación de la elección hizo que después de esa fecha, para el Ministerio de Trabajo el gremio quedara acéfalo.
Ordóñez atribuyó todo a “una intromisión de la patronal”, que busca “debilitar a un gremio democrático”. Resaltó que la orden ministerial “fue recurrida con un recurso jerárquico que debe ser resuelto por el ministro Jorge Triaca”.
Más allá de esta instancia, Ordóñez se ha mantenido en su puesto de conductor. “La asamblea de afiliados ha ratificado lo actuado por la comisión directiva”, dijo a Los Andes. Incluso en noviembre, convocó a una reunión de la Federación Judicial Argentina para mostrar apoyo institucional.
En lo referido al llamado a elecciones, señaló que “ha sido elegida ya la junta electoral”, aunque no dio fecha de la votación.
En la paritaria de diciembre pasado, al tratarse el bono de fin de año, el gremio participó en representación de los judiciales. Llevó el mandato de la asamblea realizada el 28 de diciembre. Aunque más tarde, no pudo participar en la reunión de funcionarios judiciales ya que el sindicato de estos rechazó su presencia.
En esa instancia fue que la Subsecretaría de Trabajo los emplazó para que acreditaran su personería gremial antes del encuentro paritario de enero.
No está claro si el martes Ordóñez y el gremio llegarán con este pedido. “Vamos a cumplir con todo lo que nos han pedido”, indicó ayer el gremialista.
El Gobierno, de todos modos, avisó que igual seguirá adelante con el esquema. “Iremos el martes con una propuesta pero, si no hay reunión, seguramente pediremos un cuarto intermedio”, dijo Suárez al respecto.
También señaló que la idea es que -como se pretende en los otros casos- el incremento salarial resultante de paritarias “rija desde febrero”.
Fue en ese sentido que el subsecretario confirmó que si no aparece un gremio legalmente habilitado para representar a los trabajadores, el aumento terminará otorgándose por decreto.
