El sábado 17 de este mes, la División de Búsqueda de Prófugos de Investigaciones allanó una casa de Colonia Segovia y detuvo a siete jóvenes sospechosos de ser parte de una banda dedicada a la comercialización de drogas en el Gran Mendoza con base en la barra brava del club Godoy Cruz.
A fines de la semana pasada, el juez de la causa federal dictó la falta de mérito para los arrestados, de entre 18 y 24 años, y ordenó su libertad en ese expediente. A contraposición de esta resolución, la Justicia provincial ordenó ayer que todos pasen a la cárcel, porque en el domicilio había armas, municiones, objetos robados y aves de la fauna autóctona.
Hubo sorpresa y malestar en el Gobierno por el fallo de la Justicia federal. Más, porque en el domicilio incautaron 223 panes de marihuana que hicieron un total aproximado de 165 kilos escondidos en un subsuelo acondicionado. También dieron con esa hierba en el interior del domicilio (poco más de 20 gramos).
Para las autoridades del Ministerio de Seguridad, y también para los efectivos que participaron en el procedimiento, había pruebas suficientes para sostener que los siete señalados «soldaditos» que se encontraban en el domicilio cuando se desarrolló el allanamiento, entre ellos, una mujer, eran parte de la banda que trajo la droga desde el norte del país.
Es decir, los marcaban como responsables de la custodia del predio donde ocultaban los estupefacientes y sostuvieron que debió instruirse el caso con más profundidad antes de resolver la situación procesal de todos ellos. Para los funcionarios, el juez “se apresuró” en tomar una decisión, porque, por ejemplo, todavía no se conocen los resultados de los análisis de teléfonos y huellas dactilares levantadas a los panes de drogas.
la resolución del juez de primera instancia que está frente a la pesquisa, Marcelo Fabián Garnica, que tiene fecha del viernes 23. Si bien en esta instancia del proceso no sobreseyó a los siete jóvenes, entendió que no podía procesarlos por la tenencia con fines de comercialización por las pruebas que se incorporaron.
Básicamente, el juez se basó para liberarlos en una inspección ocular que realizaron en la propiedad tras el procedimiento y en la declaración de los acusados. Para el magistrado, coincidieron en su relato al sostener que no sabían que había drogas en la propiedad.
Relataron, cada uno por su lado, que eran contratados para realizar trabajos de cierre perimetral y limpieza del predio para luego levantar un complejo de canchas de fútbol y que desconocían la existencia del cargamento de marihuana.
“Si bien podría resultar probable que los imputados estuvieran en el lugar para resguardar los estupefacientes incautados, el solo hecho de haber sido encontrados allí no los hace responsables, prima facie, de la figura enrostrada, si, además, no contamos con otros elementos en apoyo de esta hipótesis”, aseguró el juez.
En la propiedad ubicada en la intersección de Roque Sáenz Peña y San Miguel, incautaron 223 panes de marihuana ocultos en el interior de un sótano, armas y elementos de valor de dudosa procedencia.
A las pocas horas, tal como informó este diario, se supo que la droga estaba ligada a Cristian Reinaldo Allendes, un barra del Club Godoy Cruz relacionado con Daniel Rengo Aguilera, el jefe de la hinchada. También se pidió captura para un policía exonerado en el 2006, Gustavo Saboca Salinas, cuñado del Chicho Allendes.
Estos sujetos, hasta el cierre de esta edición, continuaban prófugos de la Justicia y serían los responsables de la droga.
Algunos de los señalados soldaditos aseguraron que conocían a Allendes como el “dueño de la finca” y que lo vieron algunas veces. Asimismo, dijeron que “Gustavo”, por Saboca, era quien les pagaba diariamente 300 pesos. En su declaración, explicaron que el viernes por la noche se quedaron a dormir en ese domicilio esperando a que “Gustavo” les pagara el día.
Para Garnica, los siete detenidos “no habrían tenido el poder de disposición de la droga, que en su mayoría se encontró en un sótano oculto y alejado de la casa principal, ni tampoco la voluntad de comerciar la misma”.
La orden de la provincial. Seis días después del procedimiento, Garnica dictó la falta de mérito de los siete detenidos y ordenó su inmediata libertad. De todas formas, quedaron a disposición de la Justicia provincial por las armas, los elementos de dudosa procedencia y las aves de la fauna autóctona que había en el lugar.
El fiscal departamental Gonzalo Marzal los imputó, luego de las contradicciones que presentaron en su relato, y ordenó que todos pasaran a la cárcel de Boulogne Sur Mer y la de El Borbollón (en lo que respecta a la mujer).
El representante del Ministerio Público de la provincia entendió que, para esta etapa de la causa, existen pruebas suficientes para sostener que estaban relacionados a la organización criminal. Es por esto que Nahuel Alexander (18) y Alexis Navarro (21), conocidos como Flaquito y Con, respectivamente, Yamila González (18), Diego Castillo (19), Abel García (20), Carlos (24) y Juan Santillán (20), fueron llevados a la penitenciaría.
Lo cierto es que la resolución de Garnica generó polémica el fin de semana. Más cuando el fiscal departamental entendió ayer que los elementos secuestrados son indicio suficiente para relacionarlos con una banda criminal.
