El imputado exintendente de Guaymallén Luis Lobos no se resigna. Luego de que el actual jefe comunal, Marcelino Iglesias (UCR), resolviera echar de sus cargos de planta a Lobos y a su esposa, Claudia Sgró, éstos interpusieron una acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual pretenden la restitución de sus puestos de trabajo.
El pasado 17 de mayo, Lobos y su mujer fueron removidos de la comuna por «causas judiciales (ambos están imputados por la Justicia Penal), falta a los deberes de funcionario y retención de documentación pública», según indicaron en aquel momento fuentes del gobierno de Iglesias. Casi un mes después, los acusados recurrieron a la Corte para reclamar (entre otras cosas) que les devuelvan sus puestos de trabajo en la Municipalidad. Cabe recordar que, hasta ser echados, Lobos se estaba desempeñando en la Dirección de Servicios Públicos mientras que su mujer conservaba un cargo de planta desde hacía unos 18 años.
A dos días de finalizada la feria judicial, el defensor de los acusados, Omar Venier (hermano del ministro de Seguridad), argumentó que «(Lobos) fue mal echado o cesanteado porque nunca se llevó ningún expediente de la Municipalidad». «Como en la época pasada, cuando la policía le ponía droga o un arma (a quien se quería perjudicar), en este caso… ¿qué hizo el intendente (refiriéndose a Iglesias)… le puso un listado de expedientes que Lobos nunca se llevó de la comuna», disparó el abogado.
Los expedientes a los que se refirió el letrado están vinculados a una auditoría que inició el Tribunal de Cuentas y que reveló una serie de irregularidades en contratos y procesos licitatorios (por servicios y obra pública) realizados durante la gestión del justicialista. Luego de una serie de allanamientos dispuestos por la Justicia penal, el propio Iglesias inició un sumario administrativo contra Lobos y su mujer acusándolos de retener documentos públicos relacionados con estas operaciones. Más tarde, decidió cesantearlos.
«Cuando empezamos a trabajar en su defensa, le sugerí a Lobos que sacara copias de los expedientes en los que se lo denunciaba y que las certificara porque teníamos miedo de que esta gente (en referencia a la nueva gestión de la comuna, a Iglesias) los alterara». «Cuando hicieron el allanamiento en su casa, encontraron estas copias certificadas, lo cual no es un delito ni una falta administrativa y, sin embargo, lo terminaron cesanteando por faltante de expedientes que nunca estuvieron en su casa (la de Lobos)», descargó Venier.
Aseguró que, de todo ello, hay prueba en la Fiscalía Especial de Juan Manuel Bancalari: «Recién llegamos de vacaciones. La acción fue interpuesta el último 23 de junio, tienen que contestar y ofrecer pruebas. Este proceso podría demorar entre dos y tres años«, adelantó el defensor de Lobos y Sgró. Venier remarcó que el recurso judicial tiene por objetivo, no sólo que se demuestre la supuesta falsedad de los expedientes presuntamente endosados a Lobos, sino también, devolver los cargos de planta permanente en la Municipalidad tanto a él como a su mujer.
Paralelamente, Lobos está imputado en la Justicia Penal por «fraude al Estado» y «administración fraudulenta». Además, podría sumarse una causa por «asociación ilícita» si se comprueba la existencia de un fraude sistemático en la compra de combustible. Por su parte, Sgró fue imputada recientemente en la causa por una empleada «ñoqui», en la que también están implicados su madre, María Elena Fernández (77), y el propio Lobos. Supuestamente, los tres cobraban el salario de una empleada doméstica de la suegra del exintendente, «ñoqui» de la comuna
