El Ejecutivo llamará a licitación para que las infracciones viales generen ingresos antes de que prescriban. También se busca eficientizar la cobranza de las prestaciones en los hospitales públicos por parte de las ART y obras sociales.
Alfredo Cornejo parece resuelto a apuntalar los costados flacos que hasta ahora han mostrado un “Estado ineficiente”, es decir, que pierde plata.
Es por eso que, en una acción “integral”, se abrirá “el mes que viene” un llamado a licitación para delegar en manos de un privado los procesos de gestión y así poder cobrarle a las obras sociales y a las ART, los servicios que prestan tanto los hospitales públicos como los centros de salud a sus afiliados.
Por el otro, también se buscará eficientizar el cobro de las multas a partir de incorporar entre 1.800 y 2.500 bocas nuevas de cobro, además de apuntar a un nuevo sistema administrativo que evite que prescriban las sanciones.
En este punto, la provincia perdió $400 millones de pesos desde 2006 por multas vencidas, un monto que se acerca a los $ 560 millones de endeudamiento autorizados por la ley de Emergencia en Seguridad.
En ambos casos, la recaudación seguirá en manos del Gobierno, y en el área de Salud, el dinero irá a cada repartición y área departamental, aunque con la supervisión central del Gobierno, que a través de la nueva ley que limita la descentralización en los hospitales, podrá controlar en qué se gasta el dinero que ingrese.
La deuda histórica en Salud
El problema no es nuevo, así como la búsqueda de soluciones. “La provincia, históricamente, nunca ha cobrado a la seguridad social por no saber hacerlo. En lo que es la accidentología, le estamos regalando a las compañías de seguro la cobertura de sus afiliados”, diagnosticó el ministro de Salud, Rubén Giacci, y dijo que esta falta de cobro termina siendo un “subsidio cruzado” tanto a las obras sociales como a las ART.
Según señaló, la Provincia recauda $150 millones al año, “un monto irrisorio cuando tenemos 42% de promedio en todos los hospitales cubiertos con personas que cuentan con seguridad social”.
A su vez, hay “deudas escandalosas” tanto con el PAMI como con obras sociales. El año pasado, los hospitales facturaron $277.159.184 por atender a las obras sociales y prepagas, tal como lo contó Los Andes en su edición del 13 de junio.
Esto es así tanto por el hecho de que un accidentado termine en alguna dependencia pública, como por la elección que hacen muchos de atenderse en hospitales estatales, sobre todo, en los tratamientos de alta complejidad. Esto es algo muy común fuera del Gran Mendoza, en donde las obras sociales no tienen hospitales y lugares de atención propios, o quedan en desventaja frente a los públicos.
Ahora bien, la atención de personas con obra social si bien es un derecho, termina siendo un “negocio fantástico”, según calificó Giacci, para las aseguradoras, que no pagan ni por la internación ni por lo que insumió el paciente durante su estadía.
“Somos incapaces de cobrarle en tiempo y forma”, señaló el ministro y dijo que ni siquiera existe una base de datos que detecte si una persona, al momento de ingresar al hospital, cuenta o no con obra social.
Para esto, el sistema informático y administrativo a licitar deberá contemplar todos los pasos a seguir para asegurarse que luego el Estado pueda hacer efectivo el cobro. En orden, el prestador, que se elegirá por licitación, deberá ofrecer tanto el know how (saber hacer) como la tecnología y el recurso humano para saber identificar si la persona a atender tiene algún tipo de cobertura.
En segundo lugar, el servicio deberá hacer el trámite útil para llevar la factura a la obra social, con la garantía de que se efectivice el pago y no que, por falta de algún dato, quede relegado el reintegro. En la licitación, se deberá presentar una propuesta de gestión, y para esto, la empresa deberá partir del piso de los $150 millones anuales.
En la licitación se tendrán en cuenta dos cosas. Por un lado, la empresa deberá explicar cuánto más puede ganar el Estado.
La expectativa es que se doble el monto de recaudación, es decir, 300 millones anuales. A su vez, la empresa se quedará con un porcentaje del excedente de los 150 millones que ya se facturan. De esta manera, la oferta que logre mejorar el nivel de recaudación y pida el menor porcentaje de ganancia, es la que ganará la licitación.
El cobro de multas
La otra cara del proceso de licitación tiene como eje al sistema de Seguridad. El 11 de junio, Cornejo anunció su intención de “tercerizar el cobro de multas”, aunque esto tiene que ver más que nada con el proceso administrativo que, reconocen, “el Estado lo hace muy mal”.
“La intención es recuperar el nivel sancionatorio de la multa, y para eso hay que hacer efectivo el cobro tanto por la vía administrativa como judicial, en el caso de las personas que no pagan”, justificaron en el ministerio. Las principales falencias, hoy en día, pasan por la inexistencia de bases de datos y por la prescripción de los plazos, hecho que llevó a que la Provincia no cobre los $400 millones ya mencionados.
“Queremos un sistema que, más allá de que tenga un fuerte impacto en cuanto a la recaudación, también plantee que de 6 a 8 años haya impacto en la cultura vial y así poder bajar la accidentología”, proyectaron desde el ministerio.
El procedimiento actual consiste en la multa, la notificación y el momento del pago. Esta última etapa, prevé un plazo en el que el sancionado puede hacer el descargo o pagar por adelantado con descuento. Pero uno de los problemas pasa por las bocas de pago, que generalmente se encuentran en las comisarías, en donde la gente tiene que perder bastante tiempo en el trámite.
Es por eso que la idea del Gobierno es abrir cerca de 2 mil nuevas bocas, además de contar con los medios electrónicos para pagar, como es Rapipago, Pago mis cuentas, así como tarjetas de débito y crédito.
“Hoy el Estado no cuenta ni con los recursos ni con el know how. Necesitamos un equipo de abogados, un ingeniero en Sistemas y un sistema, además de un gerente de proyecto”, precisaron desde Seguridad.
La empresa que decida entrar en este terreno, tendrá a su cargo el cobro de las 8 mil y 10 mil actas viales mensuales, que en la actualidad recaudan $11 millones al mes.
“Ese monto se va a tomar como base, y se actualizará por inflación. La empresa que presente un proyecto para cobrar por encima de ese total, ganará la licitación”, explicaron.
Al igual que en Salud, la ganancia del privado también se calculará, mediante la oferta, con un porcentaje sobre el excedente que proponga recaudar.
Otra de las ideas que se suma es la posibilidad de que los policías cuenten con una impresora térmica que imprima en el momento la multa y se ahorre, así, el paso de la notificación.
Otro de los objetivos en la cartera de Seguridad es que el sistema a implementar, con el tiempo, se transfiera del sector privado al público, con la intención de que en los años sea el propio Estado provincial el que maneje estos pasos intermedios entre la sanción y el cobro.
Deberán hacer una oferta integral
La intención de que las gestiones queden en manos privadas ya había sido anunciada tanto por el Gobernador como por este diario el mes pasado. Pero la novedad que se conoció es que el llamado a licitación será integral, es decir, los oferentes deberán brindar las soluciones para ambas áreas.
“Más allá de que hay una cuestión de recaudación atrás, la idea es que la licitación trate el sistema en forma integral, porque la accidentología en tránsito es uno de los principales problemas”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad y apuntaron a la elaboración de una base de datos que permita tener estadísticas exactas sobre la problemática, cómo y dónde se resolvió, y así apuntar a una política de Seguridad vial. “Todo esto hoy se pierde en el sistema”, señalaron.
No obstante, se observarán todos los casos, aunque no haya relación entre los ministerios. Es decir, se le facturará a la seguridad social por todos los afiliados que se hagan atender en un efector público, aunque no sea producto de un accidente de tránsito, así como se buscará cobrar todos las infracciones, aunque no terminen en un accidente.
