El pedido de la ONU para que se le encuentre una “solución definitiva” al conflicto de Mendoza con La Pampa por el río Atuel reinstaló el tema, que hoy se dirime en la Corte Suprema de Justicia. Pero además renovó la posición mendocina sobre cuál es la mejor forma de resolverlo.
Sean políticos, técnicos o regantes, los mendocinos coinciden en que para que Mendoza tenga más agua “tienen que hacerse las obras necesarias”.
Esas obras son conocidas, aunque en más de un caso rechazadas por La Pampa. Entre ellas está la presa Portezuelo del Viento, que ha vuelto a estar entre las promesas gubernamentales, el trasvase del río Grande al Atuel y la impermeabilización de redes primarias, secundarias y hasta terciarias para el riego.
Son obras “faraónicas” como muchos han llamado. Con costos que, sin entrar en exactitudes, pueden superar los 1.500 millones de dólares. Pero para que se concreten, debe atenderse, precisamente, al llamado que hizo la ONU: el compromiso real entre ambas provincias y la Nación, para resolver el conflicto.
Más allá de que la ONU resalta los derechos humanos de quienes no reciben agua en La Pampa, la opinión de sus expertos (no vinculante para la Justicia), busca “que se cumpla el fallo de la Corte de 1987”.
Ese fallo es el que Mendoza reivindica en su defensa, cuando dice que el reclamo pampeano es “cosa juzgada”.
Sus puntos fundamentales son que el río es interprovincial y que las dos provincias deben “celebrar convenios” para lograr una participación “razonable y equitativa” en los denominados “usos futuros” del agua de ese río.
Tras habérsele reconocido a Mendoza su derecho a irrigar 75.651 hectáreas, queda claro que toda el agua que superase esa capacidad constituiría los “usos futuros”. Sin embargo hoy, el sur mendocino apenas llega a las 40 mil hectáreas irrigadas con las condiciones actuales del Atuel. Y es por eso que se necesitan las obras.
Entre ellas, está la “impermeabilización de la red primaria; la construcción de un acueducto entre Carmensa y La Puntilla; la concreción de estaciones de aforo y medidas de caudales”, como dijo la vicegobernadora, Laura Montero.
Ella, al igual que el resto, pone el acento en “convenios sobre usos futuros” con La Pampa. Pero también apela al “rol protagónico” de la Nación. Sobre todo tras un acuerdo de 2006 (durante la gestión de Julio Cobos), en el que se acordó que las obras las pagaría “25% cada provincia y 50% la Nación”.
La participación nacional se justifica porque todo empezó con una decisión suya. “En 1947 la Nación hizo Nihuil I y después vienen en la cuenca los otros Nihuiles. Eso generó el inicio del conflicto con La Pampa”, recordó el intendente alvearense Walter Marcolini, que también exigió similares obras que Montero.
Otra tarea que debe hacerse es finalizar el canal marginal del Atuel, al que le falta “el tramo cero”, a la salida de la presa de Valle Grande. “También falta toda la red primaria desde Real del Padre hasta el Valle Grande en San Rafael y entre Carmensa y San Pedro de Atuel, en Alvear”, explicó Alejandro Gutiérrez, consejero por el Atuel en el Tribunal Administrativo del Departamento de Irrigación.
Ahora bien, todas estas obras sirven -y las nuevas pueden servir- para mejorar el caudal y la calidad del agua de riego. “Pero sin dudas, la obra clave es el trasvase del Atuel, con Portezuelo del Viento y las obras complementarias”, aseguró Gutiérrez.
Es que de esa manera, se lograría mejorar en al menos 10 metros cúbicos por segundo los 34 que hoy tiene el río para Mendoza. Y ese excedente serviría para el “uso futuro” de ambas provincias.
Aunque eso podría implicar otra obra más. “Si bien puede mejorarse el actual canal marginal, por ahí habría que hacer otro”, explicó el experto Gutiérrez.
Casi nadie se atreve a dar números. Sólo Cobos arriesgó algunas cifras. “Portezuelo serían 550 millones de dólares; el trasvase 600 millones y el resto, unos 300 millones”.
De todos modos, todo esta supeditado a que se avance en los acuerdos. Algo que está lejos de producirse por ahora, más allá de que el gobierno pampeano está llamando a que se conforme el “comité de cuenca”, el organismo en donde hace tiempo deberían haberse puesto de acuerdo mendocinos y pampeanos.
Hay que mejorar el riego
“También hay que mejorar las deficiencias en el riego” coincidieron Montero y Cobos, reconociendo la necesidad de promover cambios en este aspecto.
El actual sistema “a manto o a surco”, que se realiza en turnos cada ocho días y ocho horas, implica en muchos casos que se pierdan grandes cantidades de agua.
“Solemos inundar los campos en cada turno, pero sólo aprovechamos el 30% del agua”, explicó el diputado provincial alvearense Gustavo Villegas (UCR). “Habría que promover el cambio a riego por aspersión o por goteo”, dijo.
Está claro que esa inversión no es fácil, sobre todo para pequeños productores que deberían apelar al crédito.
Del lado de los regantes, su representante, Marcelo Romano, también coincidió. “Regamos mal. Somos conscientes de que debemos abrazar la tecnología”, dijo. Aunque en parte le achacó a Irrigación “deficiencias” en su tarea.