En momentos de baja en la actividad oficial por la superposición del receso legislativo, la feria judicial y las vacaciones escolares de invierno, el Ejecutivo continúa fortaleciendo con personal el área de la Seguridad. Se trata de una de las más sensibles y estratégicas para la gestión de Alfredo Cornejo.
186 agentes penitenciarios, hoy lo apunta a la designación de 450 uniformados policiales en los últimos tres meses.
“En mayo ingresaron 50 agentes, en junio otros 100 y en julio serán 300 más. Todo es personal de calle”, confirmaron en el Ministerio de Gianni Venier.
En los dos casos se trata de uniformados capacitados en los institutos de formación y con designaciones pendientes desde el gobierno de Francisco Pérez, que logran su incorporación final.
Todos los nombramientos se producen mediante creaciones de cargos en el Estado, autorizadas por las excepciones previstas en medio del congelamiento de la planta de personal dispuesta por el Presupuesto 2016.
El Boletín Oficial refleja tan sólo en los últimos siete días la publicación de 14 decretos (828 a 841) con el nombramiento de 54 nuevos efectivos policiales. Hasta fin de mes seguirán apareciendo nuevos decretos con el mismo contenido.
En todos los casos se ordena la modificación de la planta de personal y la designación en el cargo de uno a nueve efectivos, por decreto.
Los nombramientos en las áreas de Seguridad contrastan con los despidos, las caídas de contrato y las jubilaciones en plazo y anticipadas que el Gobierno ha dispuesto para otros sectores del Estado. Y con la propia ‘purga’ de comisarios en la misma Policía.
Todo responde al criterio oficial de endurecer y eficientizar las respuestas para enfrentar al delito.
El plan de seguridad incluye la modificación del Código Procesal Penal que ya se discute en la Legislatura.
Ésta prevé el establecimiento de plazos improrrogables para que las prisiones preventivas sean definidas en audiencias orales. Se intenta reducir al máximo el peso del criterio subjetivo de los jueces en la definición del tema, acercando el Código lo más posible a un protocolo de procedimientos.
También se encuentra en estudio la ampliación de las facultades de los fiscales en la toma de decisión de los allanamientos.
En tanto, Cornejo apunta a que el próximo procurador general de la Suprema Corte, que remplace a Rodolfo González, tenga una sintonía directa con el Poder Ejecutivo.
