María de las Mercedes Rodríguez Peña y Pablo fueron acusados de varios delitos por una ocupación a la fuerza en una finca de ese departamento mendocino.
La Justicia penal de Mendoza sentó en el banquillo de los acusados a un empresario rosarino y a su madre, y los imputó de haber cometido varios delitos luego de que ambos, al comando de un grupo de hombres armados –según la investigación– tomaran posesión por la fuerza de un campo en Lavalle, del que dicen ser propietarios, y prohibieran su uso, bajo amenazas, a unas 30 familias campesinas que viven hace tres décadas en esas tierras y las utilizan para pastoreo de su ganado.
Además de la apertura de la causa penal contra madre e hijo, les dio hasta hoy a las 15 para abandonar el campo ocupado, con la advertencia de que será desalojado con las fuerzas de seguridad.
El inusual suceso, propio de una novela de terratenientes de fines del Sglo XIX, ocurrió en los últimos días de mayo en el campo La Estación, en Lavalle.
Tras la denuncia de las víctimas y del director de Tierras del Gobierno de Mendoza, Guillermo Yazlli, y la documentación presentada sobre la propiedad, el fiscal de Las Heras, Darío Nora, imputó a María de las Mercedes Rodríguez Peña por los delitos de usurpación y despojo, y además por amenazas simples, delitos que tienen pena máxima de hasta 3 años de prisión.
En tanto, imputó a su hijo Pablo Rodríguez por coacción agravada por uso de arma de fuego, coacción simple, y por usurpación y despojo, acusaciones que prevén hasta 10 años de prisión y 3 años de pena mínima.
En diálogo con la prensa , el fiscal Nora recalcó: «Yo acá no discuto derechos reales sobre las tierras, que dicen tener los imputados, porque esa no es mi función. Esto debe quedar claro. Yo intervengo porque independientemente de los derechos que aleguen ellos, no pueden ocupar del modo que lo hicieron esas tierras utilizando la vía de hecho e ignorando la vía judicial civil, que es la que corresponde».
Antes de la acusación, la fiscalía pudo acreditar, además, con declaraciones testimoniales, informes y documentación del Departamento General de Irrigación y de la Dirección de Tierras de la Agencia de Ordenamiento Territorial, que las víctimas vienen utilizando esas tierras para pastoreo de su ganado desde hace mucho años.
Los acusados, por su parte, afirman ser herederos, a pesar de que no iniciaron ningún reclamo judicial en Mendoza, de parte del campo La Estación, que tendría unas 12.000 hectáreas, el que recibieron luego de que una sociedad anónima de su familia entrara en quiebra y traspasara parte de esa propiedad a los acreedores.
De hecho, no es el primer incidente que ocurre con estas tierras. En años anteriores otras empresas acreedoras de la empresa familiar quebrada alegaron derechos sobre esa propiedad y pretendieron ocuparla, sin éxito alguno.
Entre los testimonios, las víctimas señalaron que fueron amenazadas con armas de fuego. La fiscalía secuestró dos armas, que entregó el imputado Pablo Rodríguez, quien se presentó espontáneamente a la Justicia cuando supo de la denuncia.
