La Cámara de Diputados aprobó este martes por 134 a 121 votos el artículo primero de la ley «Bases» que establece la declaración de emergencia en las materias económicas, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad.
El oficialismo contó con el voto de 37 votos de la Libertad Avanza, 37 del PRO, 13 de Hacemos Coalición Federal, uno de Creo, uno de La Unión Mendocina, uno de Avanza Libertad, 28 de la UCR, nueve de Innovación, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Aires y tres de Independencia.
Los votos en contra fueron 98 de Unión por la Patria (UxP), seis de la UCR, 10 de Hacemos, dos de Por Santa Cruz, y cinco de del FIT (izquierda).
Posteriormente, el plenario legislativo aprobó por 140 a 115 el artículo que establece los principios y objetivos de esa emergencia pública.
El primer artículo aprobado establece que la iniciativa «tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales»
Por otra parte, el artículo 2 fija que la meta de la ley es «la promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades constitucionales sin injerencias indebidas por parte del Estado».
También destaca «la protección de los habitantes y de su propiedad privada. El Estado debe garantizar la seguridad y propiedad de las personas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Debe asegurar el efectivo ejercicio del derecho a transitar libremente en la vía pública evitando situaciones que pongan en riesgo la vida, la propiedad y la seguridad de los habitantes de la Nación».
Además fija que el Estado «debe procurarse su concentración en los sectores esenciales de la sociedad y su ejercicio con criterios objetivos de eficiencia, eficacia y razonabilidad» y la «organización racional y sustentable de la Administración Pública Nacional a fin de garantizar una actuación administrativa de calidad y respetuosa de la dignidad humana».
También establece como otro de sus principios «la creación, el fomento y el desarrollo del empleo productivo privado, con la inclusión de quienes enfrentan mayores dificultades de inserción laboral, la protección de los trabajadores desempleados y la regularización de las relaciones laborales existentes».
