La Oficina de Ética Pública le exigió a Flor Destéfanis (Santa Rosa) que de marcha atrás con la designación de su madre y el conflicto podría dirimirse en la Corte. También analiza la situación de Juan Manuel Ojeda (Malargüe), que ubicó a su hermano en el gabinete.
La Oficina de Ética Pública intimó a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, a declinar el nombramiento de su mamá, la abogada Adriana Aveiro, como asesora letrada de la comuna por considerar que es un acto inconstitucional, que va a contrapelo a la Ley provincial 8.993. Al mismo tiempo, el organismo investiga la promoción del hermano del jefe comunal de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, en un cargo político.
Luego del escándalo institucional en Santa Rosa, protagonizado por Destéfanis (29) al no acatar el dictamen de la oficina anticorrupción, bajo el argumento de que su progenitora contaba con la idoneidad necesaria para ser confirmada en el puesto -como lo establece la excepción en la Ley- el organismo la notificó para que revoque el acto administrativo y a que abra un expediente en donde se compulse el caso.
La norma que viene a poner límites en la ubicación de familiares en los cargos del Estado, establece que los funcionarios “no podrán designar parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o tercero de afinidad para que presten servicios en la repartición de su cargo, salvo que cumplan con el requisito de idoneidad debidamente acreditado”.
Si bien Aveiro cuenta con la aptitud por ser abogada y tener una amplia trayectoria en cargos de este tipo, Destéfanis no acreditó la idoneidad de su mamá al no concursar el cargo y demostrar que era la más adecuada entre los postulantes.
Fuentes del organismo explicaron que se debería haber recurrido a un método donde demostrar que era la persona más calificada, ya sea con la apertura de un concurso o por la selección a través de entrevistas.
Según pudo conocer este medio, la intendenta no sólo no arbitró los medios para una evaluación más amplia, sino que tampoco contestó desde el área legal de la comuna por qué iba a continuar con la nominación de su mamá.
Es por ello que en las últimas horas el organismo contralor le exigió que reúna los argumentos necesarios para sostener, lo que a su interpretación «ha sido dictado a contra legem, en pleno conocimiento de la situación, toda vez que el ejecutivo municipal acudió a una consulta voluntaria (…)».
En el emplazamiento, también se advirtió que en ninguna oportunidad desde la Municipalidad o el Concejo Deliberante «hayan efectuado un estudio jurídico sobre la norma que justifique lo por ellos actuado (…) siendo palmaria la situación de ilegitimidad tanto del proceso, como de la normativa descripta como contraria al artículo 7º Inc 7 de la Ley 8.993 y la interpretación brindada por esta Oficina».
El conflicto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia
Con la apertura de un expediente en el que se dirima la presunta incompatibilidad, y en donde se espera que la intendenta defienda la postulación de su madre, tal como lo expresó en declaraciones mediáticas, de no resolverse el conflicto el paso siguiente es la instancia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Técnicos en la materia indicaron que esa es la última apelación a la que puede recurrir la Oficina de Ética Pública.
Sería la primera vez en la historia de la provincia y desde que existe la Ley, en donde el máximo tribunal arbitrará por la confirmación o la remoción de un funcionario de la planta política.
Este medio buscó la palabra de la dirigente peronista y desde su área de prensa indicaron que está recién llegada de Buenos Aires y no está al tanto de la nueva resolución.
Cuando surgió la polémica, la funcionaria indicó que iba a esperar que culimne la investigación de la Oficina de Ética o la Justicia según sea la autoridad que deba decidir. «Mientras tanto me dedico a la gestión», dijo oportunamente.
Los intendentes más jóvenes de la provincia de Mendoza, Déstefanis y Juan Manuel Ojeda (34) de Malargüe, están en la mira de la Oficina de Ética Pública.
El malargüino designó a su hermano, César Marcelino Ojeda al frente de la secretaría de Desarrollo Rural, Ciencia, Tecnología e Innovación y defendió su acto de gobierno al considerar que «es una persona que está debidamente capacitada para este puesto. Él es empleado municipal desde hace 15 años y ahora está en el gabinete».
«Personalmente revisé la letra de la norma y no hay ninguna ilegalidad. De todas maneras, ya nos pusimos a disposición de la Oficina de Ética Pública y estamos trabajando en elevar una propuesta superadora. Tampoco lo tenemos que discriminar por portación de apellido. Si reúne los requisitos por qué no puede acceder al cargo», evaluó Ojeda.
Aparentemente el gabinete del intendente sureño estaría trabajando en un proyecto para modificar la norma y que las designaciones del gabinete sean en base a perfiles y a ternas.
En ese sentido, opinó: «Me parece que la Ley de Ética Pública es correcta cuando habla de la planta permanente, pero no cuando se está por fuera del escalafón. Como intendente tengo la facultad de designar mi equipo y en todo caso, es el pueblo el que puede juzgar esto«.
