Con los datos de estimación de cosecha y en medio de la pulseada por los precios de la uva, sólo resta conocer qué porcentaje irá a otros destinos fuera del vino, particularmente el mosto. Con esa premisa, representantes del sector vitivinícola nucleados en Coviar, junto a funcionarios mendocinos se reunirán en San Juan con su contraparte de la vecina provincia para definir, entre otras cuestiones, si habrá o no acuerdo, en función de los datos del mercado de vino actual.
Es el histórico mecanismo regulador del mercado que suele renovarse cada año desde 1994 según los números de cada vendimia para preservar equilibrios y evitar excedentes vínicos. Pero para este ciclo está envuelto en incertidumbre, dadas ciertas condiciones sobre las que no hay consenso, una puntual: la actualización de multas para quienes incumplan el cupo de mosto a elaborar.
Desde 2014, el Fondo Vitivinícola, como unidad ejecutora del acuerdo, se encarga de cobrar $50 por quintal de uva cosechada ($0,50 por kilo) a los establecimientos que no hagan mosto, y al mismo tiempo aplica una compensación para las bodegas exportadoras por la cual cada litro de vino varietal equivale a elaborar hasta 1,5 de mosto.
Hay diferencias de arrastre entre mendocinos y sanjuaninos en tal sentido, por considerar que luego de 8 años esos valores deben acomodarse para tener «poder disuasorio» con los incumplidores. Si, como ocurrió en el 2021, este año tampoco se firma, el convenio base estipula la aplicación automática de un 20%, aunque para algunos les resulta indiferente que eso ocurra.
Uno de ellos es ni más ni menos que el ministro de Economía, Enrique Vaquié, que antes de reunirse nuevamente con su par sanjuanino Ariel Lucero, advierte que «sin actualizarse las multas, que se aplique un 20%, más o menos no tiene sentido».
Cómo se vislumbra el mercado de vinos
Lo cierto es que la decisión, sea cual sea, no está aislada del contexto. Por eso es que el Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA), que funciona en el seno de Coviar, pondrá sobre la mesa un estudio de la consultora Scentia sobre cuál fue el comportamiento del consumo del 2021, y de ese modo intentar tener un panorama del mercado para este 2022.
Mientras el Gobierno e INV se aferran a una proyección de 4,5 meses (de despachos al consumo) de stocks vínicos (vino en las bodegas), considerado ideal para mantener la tensión de precios, algunos referentes dudan del dato.
E incluso anticipan que será un año de escasez, otro indicador que, de confirmarse, desinflaría el acuerdo: hay una escasez incipiente de vino tinto, y lo que se encuentra no tiene la calidad suficiente. En el caso de blancos y rosados, la situación está más ajustada, y estiman que sin el suficiente mosto será difícil venderlos a precios acordes.
Para Sergio Villanueva, gerente del Fondo Vitivinícola «en general el mercado esta equilibrado. Sacando cuentas dará un 20%, algo bastante razonable con una cosecha baja. Y si bien pretendíamos actualizar las multas por el proceso inflacionario, no hay acercamiento desde lo político; igual sería adecuado que se hiciera por una cuestión de buena vecindad«.
En concreto, no se percibe vocación de sortear la obligación. Y tampoco temor a las sanciones, aunque para algunas son respetables: un establecimiento que deje de elaborar 50 mil quintales significa pagar $2,5 millones. Allí es donde juegan las posturas de una Mendoza más proclive a hacer vino premium versus una San Juan despreocupada, porque justamente hace mosto por demás y puede prescindir de las sanciones.
Fondos del BID: u$s 40 millones, cada vez más cerca
Pero otros temas destacan de la agenda, además del mosto y la coyuntura del mercado de vinos. A partir de las 10, en el Museo del Bicentenario, el punto de encuentro elegido, funcionarios y dirigentes de las cámaras también discutirán como avanzar para contar lo antes posibles con los fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que se aseguró la industria vitivinícola en 2021.
Cabe recordar que el Gobierno nacional firmó la «priorización» del proyecto presentado por la Coviar para captar ese financiamiento, de casi u$s 40 millones en carácter de ANR (Aportes No Reintegrables). Lo que sigue es definir la «letra chica» del convenio final para que el organismo multilateral de crédito proceda con los primeros desembolsos.
Entre los objetivos excluyentes está la integración de productores (tal como fue el Proviar I aprobado en 2009, que se destinó mayormente a financiar la modernización de viñedos y esquemas asociativos con bodegas exportadoras). Pero sobre todo, un tema que preocupa y ocupa a la producción en general: trabajar en la eficiencia de riego y la optimización de los recursos energéticos ante un cuadro de crisis hídrica que llegó para quedarse.
