Los padres de un policía serán indemnizados con $320 mil luego de que demandaran al Gobierno mendocino por el suicidio de su hijo.
El hombre tenía 34 años y desde el 2003 prestaba servicios en la Policía como auxiliar de Investigaciones. En esos años su trabajo fue intachable hasta el 2010 cuando un hecho provocó su derrumbe emocional. Ese año, su novia con la que llevaba una relación de cinco años se suicidó de un tiro en la sien en la vía pública. Por el hecho, el efectivo fue detenido mientras se investigaba su responsabilidad en el hecho.
Cuando la Justicia estableció que el hombre nada tenía que ver con la fatal decisión, fue liberado.
A partir de ese momento sufrió un “derrumbe emocional irreversible”. Por esta razón fue a vivir con sus padres y recibió tratamiento psiquiátrico. Debido a su estado depresivo el profesional ordenó la licencia psiquiátrica y comenzó a medicarlo con antidepresivos.
En abril de 2011 el médico le da el alta, pero la Junta Médica de la fuerza le ordena que prosiga con el tratamiento psicológico. En ese momento aconsejaron que realizara tareas administrativas sin uso de armas, porque la tenencia de armas podía agravar su cuadro, debido al suicidio de su novia.
En octubre la Junta Médica, sin realizarle examen psicofísico y desoyendo a los psicólogos le da el alta y la reincorporación efectiva a la Fuerza. Dos días después en el patio de su casa de sus padres se pegó un tiro.
Por esta razón la familia del efectivo demandó al Gobierno a quien le atribuye al responsabilidad de las evaluaciones psicológicas y el haberlo reintegrado a la Policía.
Ahora la Justicia le dio la razón y el Gobierno deberá indemnizar a los padres del policía con $320 mil más los intereses.
