Tres de los jefes policiales del peronismo están acusados de desmanejos en los “servicios extraordinarios”. Se habla de $ 10 millones. Un cuarto separado es el que hizo ingresar a un ingeniero informático trucho. Pueden exonerarlos.
comisarios generales bajo investigación por la administración irregular de servicios extraordinarios y otro que certificó el título del ingeniero en Sistemas, trucho, que trabajó en el sistema informático de la Dirección de Inteligencia Criminal. Cuatro oficiales de la máxima jerarquía policial que fueron pasados a situación “pasiva” y denunciados a la Justicia provincial.
En el caso de los tres primeros comisarios generales, Gustavo Garis, Edgardo Mestre y Víctor Loyola, en la Inspección General de Seguridad sostienen que las irregularidades en servicios especiales cometidas por los tres ascienden a $ 10 millones por mes.
El cuarto, el que habría allanado el camino al ingeniero trucho, es Darío Irrutia.
Al comisario general Garis se le imputa otro hecho grave: su arma reglamentaria, una Bersa thunder 9 milímetros, fue encontrada en manos de dos personas detenidas. El comisario no habría denunciado el robo o el extravío.
Pasar a pasiva significa que los cuatro empiezan a cobrar la mitad de su sueldo hasta que el sumario iniciado contra ellos defina si son inocentes o culpables. Si en el sumario hay pruebas de sus responsabilidades, serán cesanteados.
El sumario no establece responsabilidades penales sino administrativas. La sanción puede ser mayor si la Justicia provincial los encuentra culpables de un delito. En ese caso serán exonerados y nunca más pueden ejercer un cargo público; eso, sin contar la probable prisión.
Los cuatro fueron pasados a disponibilidad a dos días de haber asumido Alfredo Cornejo la gobernación. En aquellos días de diciembre, estos cuatro comisarios generales quedaron sin destino laboral junto a otros hombres de la máxima jerarquía de la Policía de Mendoza. Cornejo arrancaba su gestión diferenciándose de los efectivos de confianza de la administración que había encabezado Francisco Pérez.
Hasta el 9 de diciembre pasado, el Ministerio de Seguridad fue conducido por Carlos Aranda y Leonardo Comperatore, ambos cercanos al ex vicegobernador Carlos Ciurca.
Ayer el jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, y el titular de la Inspección de Seguridad, Marcelo Puertas, informaron que había sospechas sobre algunos de los separados en diciembre. Esas sospechas pasaron a la denuncia judicial y a una situación de revista más compleja: la pasiva.
Garis había sido el jefe de la distrital 6 (Las Heras, Guaymallén y Lavalle), Loyola de la Distrital 5 (Luján-Maipú), Mestre jefe de cuerpos especiales. Irrutia era el jefe del 911.
El caso de Irrutia ya tiene antecedentes en los medios de comunicación. El 5 de junio pasado, Los Andes informaba de dos “profesionales” que ingresaron en la gestión anterior al Ministerio de Seguridad, el supuesto abogado Angel Cotta y el supuesto ingeniero en sistemas, Martín Meneo. Irrutia pidió el ingreso de Meneo como un especialista en informática.
El “informático” Meneo tuvo acceso a información de todos los agentes de inteligencia y de la Policía. Incluso en aquella publicación se indicaba que no había registro de sus tareas en Inteligencia Criminal y que se sospechaba que era un agente de contra inteligencia o un informante pago. Eso sin contar que no tenía el título que decía tener.
Los casos de Garis, Mestre y Loyola son distintos. Se los señala como responsables de la administración “servicios especiales”, es decir tareas de custodia contratadas por empresas privadas. En esa gestión, habrían dado la venia a trabajar en custodias privadas a uniformados que debían estar cumpliendo servicios en la seguridad pública.
Puertas dijo además que esa administración también podría haber sido fraudulenta, como “cuando una empresa contrata 20 servicios pero se hacen 15 y los otros cinco se dibujaban y cobra por 20. De todo eso tiene conocimiento la superioridad porque es la que maneja administrativamente el servicio”, especificó.
La administración irregular de la que habló Puertas implica que entre los tres acusados se habrían embolsado 10 millones de pesos, que no salieron de las arcas públicas sino de privados. Esos $ 10 millones habrían sido repartidos entre otros efectivos. Lo que sí salió de las arcas públicas fueron los sueldos de los uniformados que no cumplieron con su tiempo de trabajo para el Estado. Ese dinero no está cuantificado.
Las sospechas apuntan también a otros policías
“Lamentablemente avizoramos bastantes casos más. En seis meses hemos encontrado cuatro comisarios generales que, en 16 años de vida de la IGS, nunca se encontraron”, dijo el titular de la Inspección General Seguridad, Marcelo Puertas.
Efectivamente, el rumor corre en los pasillos del Ministerio de Seguridad y dicen que, en los próximos días, habrá más anuncios de efectivos investigados y sumariados.
De los cuatro sumariados y denunciados a la Justicia que se conocieron ayer, hay dos que tuvieron alguna exposición por hechos polémicos. Darío Irrutia era el jefe del CEO, es decir del 911. Él estaba a cargo cuando se produjo el más grande accidente ocurrido en rutas mendocinas, cuando un camionero condujo su vehículo ebrio y a contramano por la ruta nacional 7 y chocó contra un colectivo. Gustavo Garis fue denunciado en 2008 ante la Inspección por sacar policías a realizar trabajos de albañilería. Fue sobreseído porque se probó que estaban de franco y les pagaba por esa tarea.
Fuente: Los Andes
