El gobernador, Alfredo Cornejo, sigue en su tarea de reformar los códigos procesales y esta vez va por el último que queda en materia de juicios: el Laboral. A esta instancia, llega con datos que llaman la atención. Según explicaron, 70 por ciento de las causas judiciales se originan en conflictos de trabajadores con sus empleadores.
A esto se suman los datos que Los Andes dio a conocer en su edición de ayer. Según un ránking nacional, Mendoza está quinta entre las provincias con mayor litigiosidad en la materia. Entre 2010 y 2016, hubo algo más de 42 mil juicios y se pagaron 147 millones de dólares.
Con estos datos sobre la mesa, ayer se reunió la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de Diputados, en donde comenzaron los primeros movimientos con vistas a discutir la reforma.
En esta oportunidad, no hubo un proyecto firmado por Cornejo. Tampoco hay un texto trabajado por un amplio espacio, como sucedió con el Código Procesal Civil. En cambio, el oficialismo buscó en los cajones, en esos que duermen los proyectos, y reflotó una idea que entró a la Legislatura en noviembre de 2011, de la mano del entonces gobernador justicialista Celso Jaque.
La intención es no sólo rescatar la “matriz genérica” de lo que en aquel momento se trabajó con una comisión redactora, sino también dar un gesto al PJ. Pero el partido opositor no se dio por satisfecho, sino que se metió de lleno en la parte política al cuestionar la falta de una partida presupuestaria para la aplicación. “Sin una inversión, vamos al fracaso no de este gobierno, sino del que viene, que será el que tenga que ejecutarlo”, consideró el diputado justicialista Omar Parisi.
No obstante, la necesidad de reforma es reconocida por todos. “En 2016, hubo 19.166 causas laborales en el fuero provincial y esto hace que las audiencias de Vista de Causa (previa a la sentencia) se estén dando para 2019”, explicó el radical, Gabriel Balsells Miró. El diputado es el encargado de ensayar modificaciones sobre el proyecto de Jaque.
El espíritu de la reforma es reducir la cantidad de conflictos que llegan a la instancia judicial, además de dar, a los que deba resolver la Justicia, mayor celeridad: la resolución hoy promedia los cuatro años. Según explicaron, la idea es que haya casos que se resuelvan en un año, dependiendo de la naturaleza del conflicto. “No es la mismo un problema con un trabajador registrado que con uno que no lo está”, diferenció Miró.
