Se trata de Hilda Pizarro, quien está detenida desde principios de mayo por temas de drogas. El juez del caso le rechazó el beneficio y será el tribunal de alzada el que defina. La mujer argumentó que su marido está enfermo y no tiene quién pueda cuidarlo.
Pasaron dos meses desde que los efectivos de la Policía Federal desarticularon una de las señaladas bandas narco más importantes de la provincia integrada, en su mayoría, por una familia de apellido Pizarro.
Los detenidos de la operación Pyme Familiar, como bautizaron a la pesquisa, están acusados de ser parte de una red de vendedores de cocaína en el Gran Mendoza y de adquirir diversos bienes muebles e inmuebles con el dinero que recaudaban.
Todos los imputados, que se cree estuvieron años comercializando estupefacientes en diversos quiosquitos del oeste de Godoy Cruz y Guaymallén sin ser investigados, siguen en diferentes cárceles pero, de acuerdo con fuentes judiciales, no se ha dictado prisión preventiva.
Mientras se espera una resolución del juez de la causa, Walter Bento, la señalada líder de la presunta organización, Hilda Pizarro, insiste en la detención en su domicilio en el oeste de Godoy Cruz. A través de su abogado, Diego Lavado, apeló la resolución del magistrado, que le había negado el beneficio.
Debido a esto, la Cámara, el tribunal de alzada, tiene que definir si la mujer, conocida como Doña Hilda, puede permanecer detenida en su domicilio mientras sigue su curso la instrucción en su contra por tenencia de estupefacientes para la comercialización y lavado de activos.
Pizarro explicó en el pedido, según trascendió, que su marido atraviesa un delicado estado de salud y que no tiene familiares que puedan cuidarlo. El hombre, explicaron fuentes de la investigación, nada tiene que ver con las actividades ilegales que, se sospecha, realizaba su mujer.
Las fuentes judiciales contaron que no sólo Hilda Pizarro solicitó la prisión domiciliaria, también lo hizo su hija, Johana Castro, otras de las detenidas. En total, son seis los sospechosos tras las rejas. A las dos citadas se suma Jonathan Moncho Castro (otro hijo de la señalada jefa) y su pareja, Vanesa Videla, el hermano de esta, Walter, y otro hombre llamado Martín Quinteros.
Todo esperan la resolución del juez con respecto al procesamiento y la prisión preventiva.
La pesquisa de la Federal nació a fines de diciembre. Comenzaron los seguimientos y hasta los pesquisas filmaron cómo vendían cocaína en el barrio La Estanzuela.
En una sola noche, por ejemplo, podían realizar 80 transacciones de 10 gramos del polvo blanco a razón de $1.700. Quedaron complicados, además, porque les secuestraron casi 3 kilos de esa sustancia, $2 millones en efectivo (80 mil en dólares), celulares, vehículos de alta gama y títulos de propiedades.
Para algunos investigadores, la investigación policial y judicial no está terminada. Es más, con el paso de las semanas se desarrollaron más allanamientos y secuestraron vehículos que estaban a nombre de ellos. Por eso creen que existen más bienes que podrían complicarlos en la causa de lavado de capitales.
