El Tribunal de Cuentas confirmó que en el 2014 hubo una sobrefacturación del 16,8% en el alquiler de máquinas y camiones.
El ex presidente del HCD que estuvo a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos, imputado en diversas causas por irregularidades en su gestión, sigue en la mira del Tribunal de Cuentas, que en su última auditoría encontró que hay alrededor de 7,5 millones de pesos sin justificar en el municipio relacionado al alquiler de camiones, camionetas y máquinas. El organismo de control viene siguiendo este tema desde el año pasado cuando presentó un informe que daba cuenta de las irregularidades que terminaron en denuncias judiciales.
Es por eso que ahora inició una pieza separada para los responsables y dio aviso a la Fiscalía de Estado para que investigue en profundidad la causa.
«El monto correspondiente a la diferencia entre las horas que habrían sido facturadas y pagadas con las determinadas como efectivamente aplicadas a la prestación de los servicios, ascendería a la suma de $7.518.558,28; importe que por ende representa una erogación sin justificar por lo que correspondería formular el cargo a los responsables», señala el informe.
Tras la auditoría, el Tribunal de Cuentas informó que se detectó una sobrefacturación del orden del 16,80%.Sobre esto se manifestó el intendente de Guymallén, Marcelino Iglesias, que explicó que desde hace dos meses los peritos forenses están solicitando la documentación correspondiente en el municipio.
«El modus operandi habría sido poner más horas de las que trabajaban las máquinas. Al parecer había una asociación de beneficios mutuos entre varios», indicó el intendente.
Irregularidades
Una parte del informe muestra que los ex funcionarios de Lobos no han respaldado los montos con toda la documentación que acredite la efectiva prestación de los servicios abonados por $33.370.166,32. El problema es que no se han presentado los «vales» correspondientes como indica el manual de procedimientos y es por eso que el tribunal entiende que se trataría de una «partida ilegítima».
De todas maneras, aunque el informe señala que no cuentan con los elementos suficientes para concluir si existe un «perjuicio patrimonial cuantificado con precisión» ya que por falta de presentación de los vales no se puede «aseverar directamente» que los servicios no se hayan prestado ya que los diversos sectores de Obras Públicas en alguna medida realizaban sus tareas habituales.
El siguiente cuadro muestra que los montos se componen por la sumatoria de las facturas certificadas por cada uno de los responsables (que no aportaron documentación respaldatoria o que aportaron parte de ella pero con ciertas deficiencias) y por los importes que se detallan a continuación:
Además, luego del análisis de documentación que ingresó de forma anónima se constató una sobrefacturación del 16,8% al realizarse una correlación entre las facturas y los correspondientes vales de los servicios prestados.
A raíz de estas situaciones se inició una pieza separada para que los responsables presenten los elementos faltantes para justificar las erogaciones, entre ellos se encuentran: Luis Lobos, Daniel Adoue, Federico Sampieri, Javier González, Juan Carlos Sgro, Norberto Herrero, Rubén Carrera, Sergio Arancibia, Irma Bruno y Matilde Musotto.
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Fuente El Sol Diario
