La Cámara de Senadores aprobó la realización de concursos para ingresos y ascensos del personal. En cambio, Diputados no ha tomado esta decisión. Para el gremio de empleados legislativos, el concurso terminará con la posibilidad de que los cargos se repartan por «amiguismo» con los legisladores.
El objetivo oficial de transparentar los ingresos y ascensos de los empleados públicos se cumple sólo a medias en la Legislatura provincial: el Senado ya puso los concursos en marcha, pero la Cámara de Diputados no los tiene en su agenda de prioridades.
Las autoridades de la Cámara Alta y los gremios de la Legislatura firmaron hace poco en la Subsecretaría de Trabajo el acuerdo respectivo, que fue calificado como «inédito» por la vicegobernadora Laura Montero.
Lo mismo señaló el secretario general de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL), Gustavo Ramón, quien dijo que los concursos eran una materia pendiente desde 1988. «Desde esa fecha, hasta hace una semana, no había concursos. Se entraba a trabajar si eras amigo del senador y ascendías también por amiguismo. Ahora sí los va a haber», celebró el sindicalista del gremio más representativo de la Legislatura.
Ramón indicó que, para que pase lo mismo en Diputados, debería existir una «decisión política» en ese sentido. «Me parece que se está estudiando el armado del escalafón. Ellos no han trabajado igual que el Senado y por eso se toman más tiempo», explicó el gremialista.
En tanto, desde la Cámara de Diputados confirmaron que se está trabajando desde hace dos años en un reescalafonamiento del personal para reubicarlo salarialmente según sus distintos niveles de formación, pero relativizaron la necesidad de abrir los concursos, porque «no hay posibilidades de ascensos ni vacantes ahora», según expresó un vocero. También indicaron que el concurso del Senado era apenas para cubrir un cargo de taquígrafo, aunque a partir de ese caso se elaboró una normativa más amplia.
En Diputados consideran más importante avanzar en la escala salarial, aunque eso no ha impedido que el Senado habilite los concursos también: «Firmamos acuerdo de concurso para ascenso en el Senado junto a APEL y ATE, en el marco del trabajo conjunto de escalafón para el personal de la Legislatura», afirmó el secretario administrativo de la Cámara Alta, Leonardo González.
El mapa del empleo legislativo
La normativa sobre los concursos afectaría a un universo acotado de la Legislatura, que está compuesto por los empleados de la Cámara Alta. Son cerca de 320, contando personal del Senado y de la Unidad Legislatura, que es un área común a ambas cámaras.
Un poco más pequeño es el universo de la Cámara de Diputados, que asciende a unos 220 empleados, según el sindicalista Ramón.
Pero aquí no termina el mapa del empleo legislativo. Por fuera de esta estructura están los asesores y empleados contratados por los legisladores. Se trata de una nómina que nadie blanquea abiertamente. En Diputados dicen que no se puede difundir, mientras que en el Senado aseguran que han hecho una sensible reducción de contratados y contradicen a sus colegas: afirman que los registros sí se pueden revelar. Aunque para conocerlos hay que ir a buscarlos al área de Contaduría de la Cámara Alta, ya que no existe una «decisión colegiada» que permita publicarlos en la web.
Los contratos son empleos políticos que deberían empezar y terminar, como mucho, con el mandato de los legisladores. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos puestos políticos han terminado convirtiéndose en trabajos permanentes en la Legislatura. Esto viene ocurriendo en Mendoza prácticamente desde el retorno de la democracia.
Esa lógica de funcionamiento se rompería a partir de concursos como los que aprobó el Senado, ya que cada aspirante a un puesto de la Cámara debería rendir frente a una mesa examinadora para ingresar o ascender, y los empleados que recién se inician lo harían por la categoría más baja de la carrera legislativa.
Además, no hay razones legales para que no se apliquen los concursos: fueron acordados en el convenio colectivo de trabajo de los empleados legislativos de 2007 y ese convenio obtuvo rango de ley (7920) en setiembre de 2008.
En Diputados, una pareja decide
Las decisiones sobre el personal de la Cámara de Diputados se toman en forma familiar: Parés es el presidente, y su pareja, Ángela Floridia, la prosecretaria administrativa de la cámara y mano derecha del primero.
Según Parés, la nómina de contratos bajó sensiblemente durante su administración, pero fue el mismo funcionario quien se negó a difundir, ante el pedido, la lista concreta del personal político que trabajaba para la Presidencia y los bloques.
Resistió así la sospecha de que la Presidencia maneja discrecionalmente una serie de cargos.
Parés es también autor de un proyecto para cambiar el reglamento de la Cámara de Diputados, a través del cual propone que la designación de dos altos puestos políticos tengan la misma duración que el mandato del presidente.
Se trata de los secretarios Habilitado y Administrativo, cargos que hoy están en poder de dos funcionarios que llevan décadas en la Legislatura.
Andrés Grau (secretario administrativo) y Jorge Manzitti (secretario habilitado) se jubilan este año y algunos creen que Parés busca quedarse con esos puestos a través de la modificación reglamentaria. Cierta resistencia han planteado desde el Partido Demócrata (fuerza a la que pertenece Grau) y esa postura han paralizado el proyecto, que no ha tenido ningún tipo de tratamiento hasta ahora.
Aunque hace poco hubo un fuerte reclamo a la UCR por el secretario habilitado, desde el PD, el diputado Marcos Niven aseguró esta semana que los demócratas no tienen una persona que reúna los requisitos necesarios para cubrir el cargo que quedará vacante.
Sin embargo, Niven también recalcó que el elegido «deberá tener méritos y ser idóneo» y que tendría que ser el cuerpo en su conjunto, no su titular exclusivamente, el que decida a quién se asigna allí.
Fuente: Diario Mdz
