En agosto del año pasado, el Tribunal de Cuentas pateaba el tablero y condenaba al último directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de la gestión anterior a pagar “cargos” millonarios.
Hace pocos días, la Suprema Corte suspendió esa condena, aunque exigió un seguro de caución a la espera del fallo definitivo del Máximo Tribunal.
Los que ahora respiran son el ex presidente del directorio del Instituto y actual diputado del Frente para la Victoria (FpV) Carlos Bianchinelli; el ex vocal y actual senador de la UCR Miguel Bondino, el ex vocal del FpV, Federico Domínguez, y varios contadores intervinientes en la contratación de la empresa de limpieza Masterful en 2014.
Según el Tribunal de Cuentas, el Instituto habría pagado sobreprecios a la empresa de limpieza. Por eso imponía el “cargo”, que es una forma de restitución de los montos pagados: Bianchinelli debía pagar $ 2.064.134,08; Bondino $ 554.893,01; Domínguez $ 1.702.574,42 y la contadora Carina Andreoni $ 2.059.258,95.
El 17 de agosto pasado, Los Andes informó de la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas a los funcionarios en el fallo 16.633/16. Se trata del supuesto pago excesivamente oneroso por tareas de limpieza, liquidadas por horas.
Supuestamente la tarea que realizaban personas empezaron a hacerla máquinas. Ese remplazo habría sido facturado por la empresa, pero a un valor mucho mayor de lo que costaba hecho por trabajadores.
Unos meses antes, el fallo 16.576 del Tribunal de Cuentas sancionaba a otros dos funcionarios del IPJyC, Carlos Cardone y Gonzalo Jerez, empleados de planta que en aquel año desempeñaban tareas de coordinador de Administración y contador general respectivamente. A ambos por el mismo motivo: la contratación de Masterful.
En aquel momento, todos los sancionados anunciaron que apelarían la decisión del Tribunal de Cuentas. No hay otra instancia administrativa para reclamar por fallos de ese organismo; la única vía es una Acción Procesal Administrativa (APA) ante la Corte.
La Suprema Corte admitió la APA. Entonces, los sancionados presentaron otro recurso, pidiendo la suspensión del pago del cargo.
En los fundamentos de su decisión, se indica que se dio vista al Tribunal de Cuentas y a Fiscalía de Estado. “El H. Tribunal de Cuentas expresa que no se opone a la procedencia de la medida solicitada siempre y cuando se fije una adecuada contracautela”, rezan los considerandos.
También se consigna la postura de Fiscalía de Estado: “En consideración a la falta de oposición de la demandada principal, en subsidio, solicita que de otorgarse la misma se lo haga previa constitución de caución suficiente a satisfacción del Tribunal”.
La Suprema Corte indica que “se estima conveniente requerir por tal concepto que los accionantes constituyan fianza real u otra garantía a satisfacción del Tribunal, por los siguientes montos individuales: Carlos O. Bianchinelli: $ 247.000; Federico Domínguez: $ 200.000; Miguel A. Bondino: $ 66.000 y Carina G. Andreoni: $ 247.000”.
Ayer Bianchinelli aseguraba que “no se pagó de más, ni hubo cohecho, ni desfalcos. Fue un error administrativo” y se mostraba satisfecho con la decisión de la Suprema Corte: “De 2 millones a 200 mil pesos, hay una diferencia”.
Sin contar que la contracautela se cubre con bienes en garantía y un seguro de caución contratado con una empresa aseguradora.
Fuente Diario Los Andes
