La sesión clave del Senado, caída por falta de quórum y el índice de homicidios que difundió la Nación ubicando a Mendoza en un lugar de preocupación, provocaron extrañeza, sorpresa y algo de ira en el gobierno. El peronismo buscó su venganza porque cree que Cornejo se interpuso entre ellos y la relación de privilegio que tenían los intendentes del PJ con la Rosada. La curiosa respuesta sobre el informe de Bullrich.
Dos hechos estremecieron la semana política en Mendoza. Uno de ellos provocó, en el gobierno, algo de extrañeza y mucho de sorpresa; el otro impulsó, a la misma administración encabezada por el propio Alfredo Cornejo, a descargar una ira verbal fuera de escala y hasta inusitada contra algunos de los conocidos vicios de la política. Pero como todo lo que ocurre en política, tienen su explicación y motivos y casi siempre suceden por algo, por imponer la agenda, por demarcar los espacios de poder o por represalia y venganza frente a los tire y afloje permanentes que la dominan.
La sesión caída por falta de quórum en el Senado cuando debía tratarse con acuerdo amplio el proyecto del nuevo plan de Ordenamiento Territorial y la reforma al Código Procesal Civil que ubicaría a la provincia a la vanguardia nacional en la resolución rápida de las causas judiciales, y el informe sobre el índice de homicidio difundido por la nación en la que sobresalen tres ciudades de la provincia al tope de las más violentas, descolocó por algunas horas al gobierno de Cornejo.
En el primero de los casos, y cuando todo hacía presuponer que la media sanción del Senado para esas leyes clave se conseguiría sin mayores problemas, el cuerpo no consiguió el quórum para sesionar. Los peronistas se negaron a ingresar cuando se dieron cuenta de que el oficialismo no tenía el número porque cuatro senadores de Cambiemos habían sido autorizados para no asistir a la última sesión previa al receso invernal que arranca el lunes próximo. Y de ahí en más lo conocido: Cornejo vapuleó a los legisladores públicamente, los arrinconó y los volvió a colocar en el peor de los mundos, como tras la crisis del 2001 y los obligó a rediscutir un reglamento interno con penas más duras para los legisladores que no asistan a las sesiones, novedades que se conocerán a partir de la semana próxima.
Pero se conjugaron varias cuestiones. Es cierto que al menos uno de los cuatro senadores oficialistas que pegaron el faltazo había quedado resentido por no ser confirmado en las listas de candidatos; a otro, el cornejismo nunca lo tuvo muy en cuenta por diferencias políticas casi irreversibles y los dos restantes tenían permiso para ausentarse del país y desde Estados Unidos, en donde se encuentran, intentaron seguir el minué del escándalo que ayudaron a que se protagonizara.
El peronismo buscó sacar provecho de la situación exponiendo las diferencias internas en el bloque radical. Pero en verdad, otras razones se conjugaron para dejar sin tratamiento dos leyes en las que el gobierno había puesto especial celo y atención.
Entre los motivos ocultos se menciona la indignación y buena dosis de preocupación que causó entre los azules del peronismo, sector dominado por los hermanos Bermejo de Maipú y los intendentes Jorge Omar Giménez y Roberto Righi, la investigación del Tribunal de Cuentas sobre los desmanejos en el uso de los fondos que se produjeron durante la gestión de Carlos Bianchinelli, entre el 2011 y el 2015. El caso, no cerrado, y por el que se abrieron investigaciones en la justicia penal, tiene en ascuas a parte del peronismo que mira con recelo al oficialismo a quien acusa de haber permitido que se desatara un escándalo con el asunto, cuando esperaban un arreglo con menos consecuencias y menos estridencia, desde ya.
A todo esto se sumó, para alumbrar una suerte de tormenta perfecta de fastidio y bronca con el oficialismo, el malestar de los intendentes peronistas que en los últimos meses comenzaron a tener problemas en la relación directa que habían tejido con algunos despachos del gobierno de Mauricio Macri. Durante todo el 2016, los jefes comunales del PJ, entraban y salían -cuentan- del Ministerio de Interior como si se tratase de su propia casa. Allí, bajo el permanente y constante conocimiento del ministro Rogelio Frigerio, solían reunirse muy seguido con Sebastián García de Lucca, uno de los principales colaboradores de Frigerio. Agilizaban el envío de fondos nacionales hacia sus comunas, destrababan expedientes dormidos y pedían recursos para obras menores pero vistosas en sus territorios. Hasta que un día las puertas de esos despachos se les comenzaron a cerrar sin motivos aparentes y sin explicaciones convincentes.
Las especulaciones de los propios intendentes apuntan directamente contra Cornejo. Lo culpan de haber intervenido para entorpecer ese canal directo que tenían con la Casa Rosada. Y acusan a una suerte de represalia por la fallida discusión en torno a la reforma de la Constitución.
En el gobierno, en cambio, ni desmienten ni confirman las sospechas de los intendentes. Pero sí afirman que con Cornejo, las cuentas entre la provincia y las comunas se regularizaron al punto tal que apenas asumida la nueva gestión se les liquidó de inmediato ocho quincenas de coparticipación que la administración de Francisco Pérez les adeudaba y que con esos fondos las comunas hicieron un colchón de recursos suficientes como para no pasar contratiempos. «Los intendentes tienen las cuentas en orden y bastante plata en el banco; se quejan de llenos», dijo una fuente cercana al despacho del gobernador.
Pero lo que al Ejecutivo le causó más extrañeza en la semana, fue el hecho de que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la nación, no le haya adelantado ni a Cornejo ni a ningún otro referente del gobierno provincial que se difundirían datos de inseguridad que dejarían mal parada a algunas ciudades de la provincia. La sorpresa fue mayúscula porque Bullrich había arrancado la semana con un acto aquí en Mendoza, cuando el lunes arribó para entregar 500 chalecos antibalas para la policía. Junto a Cornejo hablarían ese día de los resultados de la encuesta de victimización realizada por la nación y algunos meses antes por Mendoza. Y ambos festejarían, según los datos, un descenso en los delitos violentos con uso de arma de fuego en general.
Dos días después, en Buenos Aires y en conferencia de prensa, Bullrich daría el ranking de las ciudades más violentas del país o con mayores índices de homicidios. En la lista la ciudad de Mendoza aparece en el quinto lugar con una tasa de 13,4 homicidios cada cien mil habitantes; Luján de Cuyo en el puesto número 7 con 11,8 homicidios y Las Heras en el puesto 9 con una tasa de 11,6.
Cornejo, en público y consultado por periodistas, le bajó el tono a esos datos e intentó minimizarlos. Dijo entre otras cosas que lo correcto es tomar el Gran Mendoza y compararlo con el resto de los conglomerados urbanos más importantes del país y consideró lógico que se encuentre en el puesto numero 4 a nivel nacional de acuerdo con la cantidad de habitantes que tiene y porque aquí, dijo, en la provincia, se hacen más denuncias de delitos que en otras partes del país.
Sin embargo, la desinteligencia si se quiere entre Bullrich y Cornejo, no pasó desapercibida para nada. «¿Hay algo raro en la relación Mendoza-Nación?», consultó este diario a un funcionario de Cornejo. «No, nada, todo anda muy bien entre Macri y el gobernador. El tema es que son unos boludos, nada más», respondió lacónica la fuente para dar por terminado el asunto.
