Sin aval concreto del Poder Ejecutivo, la división de la Fiscalía de Estado que se plantea en el marco de la ley de Ética Pública no avanzaría en el Senado.
Así lo sugirió el senador radical Marcelo Rubio, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Rubio admitió que la propuesta genera «recelo» y señaló que en ese punto podría haber cambios, para que el proyecto impulsado por la vicegobernadora Laura Montero no se estanque.
El recelo advertido por el senador Rubio surge principalmente del PJ, que no está de acuerdo con que se le aplique un recorte de poder al fiscal de Estado, Fernando Simón, que es un ex legislador y ex funcionario peronista.
Pero tampoco ayuda la postura del Gobierno, que no tiene en su agenda la ley de Montero y no pretende abrir un frente de conflicto con el PJ por la Fiscalía de Estado.
El proyecto propone que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (hoy, una de las áreas que maneja Simón) sea desmembrada de la Fiscalía de Estado y se convierta en la autoridad de aplicación de la ley de Ética Pública.
Según la letra de la iniciativa, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pasaría a integrar la Unidad Legislatura, que es un área que maneja Montero. Su principal misión sería controlar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios (que tienen en el proyecto una profusa reglamentación), una tarea que hoy absorbe el fiscal Simón.
Cuando este diario publicó la semana pasada que Alfredo Cornejo no acompañaba el proyecto, por lo menos como está planteado, la vicegobernadora se quejó en privado e incluso hubo recriminaciones suyas para los senadores del oficialismo.
Esta situación, según afirman en el Poder Ejecutivo, se debe a que Montero no ha asumido personalmente la decisión de recortar el poder de Simón. Y el problema no está resuelto aún.
Rubio reconoció el obstáculo ayer al sostener que hay «una puja por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas». También admitió el legislador radical que se buscará consenso y que eso podría terminar con una redacción alternativa que realce la función de esa fiscalía, pero sin retirarla del ámbito que maneja Simón.
Todo se haría para que el proyecto finalmente salga aprobado. Ayer, la comisión LAC del Senado lo trató, pero no consiguió sacar un despacho que permita llevarlo al recinto de sesiones para su aprobación. Y el tiempo comienza a acabarse.
Rubio aseguró, de todos modos, que todas las opiniones recibidas han sido favorables a la ley. Ayer pasó por la comisión el ex fiscal de Estado Pedro Sin y antes había hecho lo propio Simón.
Para que no se diluyan estas deliberaciones, el presidente de LAC decidió que haya un cuarto intermedio hasta el lunes. Ese día se volvería a buscar en la comisión un despacho que no condene al proyecto a esperar hasta el año que viene.
El despacho allanaría el camino al recinto, ya que, después de ese paso, no pueden pasar más de dos sesiones sin que se vote.
De cumplirse este objetivo, la ley de Ética Pública podría aprobarse antes de las vacaciones en la Cámara Alta, donde el radicalismo tiene mayoría propia.
