En el marco de la causa Hotesur, el juez Julián Ercolini decidió embargar los bienes de Florencia y Máximo Kirchner heredados del ex Presidente y también los cedidos por Cristina Fernández en marzo de este año.
La medida incluye 16 inmuebles, un vehículo y la participación societaria en tres empresas.
El pedido lo habían hecho los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que, además, habían requerido el embargo sobre el único terreno fiscal que le queda a la ex mandataria, cedido a Lázaro Báez, aunque nunca se inscribió dicha titularidad. Aparte, se dio lugar al embargo de los hoteles Alto Calafate (de Hotesur) y La Aldea, propiedad de Los Sauces SA.
Con el avance de las causas judiciales y tras el embargo trabado por el juez Claudio Bonadío en la causa del dólar futuro y el de $ 10.000 millones que esta semana, tras ser procesada por asociación ilícita en la investigación sobre la matriz de corrupción en la obra pública, le aplicó a Cristina Fernández, el juez Ercolini dictó una nueva medida que alcanza esta vez al patrimonio de sus hijos.
El embargo preventivo del patrimonio de Máximo y Florencia incluye 16 inmuebles, un automóvil declarado por el contador Víctor Manzanares por $ 153.615 y las participaciones en tres sociedades por $ 13.723.686. Estas tres empresas (Hotesur, Los Sauces SA y CoMa SA) son investigadas en diferentes causas por la Justicia.
El embargo se pide como medida preventiva y señalando que se están investigando maniobras de “lavado de activos” en la causa Hotesur y, a su vez, cuál es el origen de los fondos con los que se adquirieron dichos bienes, mencionando los vínculos comerciales con Lázaro Báez que, mientras ganaba contratos viales administró hoteles de la familia Kirchner.
Los fiscales habían señalado que observaron “sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la Justicia”. El embargo preventivo es la mejor medida para “resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados”.
Además detallaron que Cristina Fernández no sólo cedió la parte de la herencia que le correspondía por los bienes gananciales adquiridos por Néstor Kirchner, sino que les cedió “la totalidad de los bienes gananciales inscriptos a su nombre, sobre los cuales únicamente sus hijos deberían haber heredado el 50 %”.
Significa que todo su patrimonio (dinero, acciones, inmuebles y automotores) es propiedad de sus hijos.
Conjuntamente se dio lugar al pedido del fiscal Pollicita sobre los hoteles La Aldea, de Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
Otro procesamiento para Lázaro Báez
El empresario Lázaro Báez, ya detenido y procesado en varias causas por corrupción, quedó nuevamente procesado por retención de 33 millones de pesos en aportes previsionales de empleados de sus empresas, un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión.
La medida fue dictada por el juez en lo Penal Económico, Ezequiel Berón de Astrada, que también dispuso embargos por 67,2 millones de pesos sobre quince empresas del Grupo Báez, entre ellas Austral Construcciones.
También fueron procesados su hijo Martín y Julio Mendoza, presidente de la firma constructora cabeza del grupo, todos por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La causa judicial a cargo de Berón de Astrada se inició en mayo pasado por una presentación de la AFIP que denunció que 16 empresas de Báez registraban irregularidades sobre cargas sociales entre 2010 y este año.
Según esa denuncia, que Báez adjudicó a una motivación política del actual gobierno para desacreditarlo, el monto retenido y no depositado ascendía a 223.413.791,47 pesos, entre aportes no pagados y cumplidos fuera de término.
Pero la investigación judicial determinó que la defraudación fue de 33.433.388,47 pesos, cometida en las diferentes empresas del grupo. Agencia Télam
