En los próximos días tendrán lugar en nuestra provincia las “VIII Jornadas Nacionales y I Jornada Mendocina de Derecho de la Salud”, organizadas por la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza.
Vale remarcar que las jornadas están monopolizadas por expositores y expositoras vinculados al radicalismo cambiemita, dejando de lado la pluralidad de voces que permitiría enriquecer el debate.
Al recorrer el programa de las jornadas emergen conceptos que están en las antípodas del “Derecho a la Salud” y que, como las palabras no son neutrales, pintan de cuerpo entero la verdadera concepción de la Salud que el gobierno provincial posee desde el 2015: es así como en uno de los primeros paneles se hablará de “consumidores”. Esto no hace más que develar lo que las mendocinas y mendocinos sabemos sobre una provincia que atraviesa una verdadera crisis sanitaria: para este gobierno pro-radical la Salud es una mercancía más, un bien de consumo librado al mercado y donde el Estado Provincial está en clara retirada.
¿Pueden hablar los principales funcionarios de este gobierno de Derecho a la Salud?
Es sabido que Mendoza es la provincia con los peores sueldos del país para los y las trabajadoras de la salud. El ajuste en salud se percibe en los Centros de Salud de cada barrio. Para muestra, algunos botones sobran… Tal es el caso del Centro de Salud Nº 32 de Las Compuertas en Luján de Cuyo que, desde el 2017, no tiene servicio de odontología debido a que se jubiló su odontóloga y no fue nombrado ningún profesional para ese cargo vacante. No les importa.
El CAPS Nº 33 de La Colonia en Agrelo que se cae a pedazos y no tiene agua. El CAPS Nº 150 del Barrio La Gloria de Godoy Cruz, en los últimos años perdió dos pediatras por jubilación sin que se nombren reemplazos y está pronto a quedarse sin servicios de pediatría. Centro de Salud en el que el director es brillante, por su ausencia…: cuando las vecinas y vecinos van a buscarlo para reclamarle respuestas y soluciones, nunca está. La comunidad cada vez más lejos, menos participación, menos integración, más mercado.
Ni hablar del reciente cierre de la Unidad Coronaria, la reducción de camas de terapia y suspensión de guardias de ginecología en el Hospital Schestakow de San Rafael, hospital cabecera de la zona sur de nuestra provincia.
Pero se toman la licencia de exponer sobre “Economía de la Salud: Diagnóstico Actual y su Utilidad para mejorar la Equidad”, de “Integración del Sistema” cuando niegan cada vez más la atención de afiliados a OSEP, PAMI y a otras Obras Sociales en los efectores públicos de la provincia.
Expondrán también sobre “Financiamiento y Sustentabilidad de la Salud” quienes han dirigido y dirigen la obra social de empleados públicos, cuando la misma se encuentra desfinanciada, no pudiendo dar la atención correspondiente y el cuidado de la salud a los más de 400mil afiliados/as de la OSEP.
En las jornadas, invitan a pensar el rumbo de la Salud Mental, cuando desde el 2018 el proyecto de “Creación del Órgano de Revisión Local”, duerme en la legislatura provincial, de mayoría pro-radical, imposibilitando contar con el organismo de protección de los Derechos Humanos de las y los usuarios de los servicios de salud mental. Un gobierno que raya con la ilegalidad en algunos aspectos (o varios) del Derecho a la Salud, no ha sabido (o querido) avanzar en la verdadera reconversión de los hospitales psiquiátricos monovalentes, para dar cumplimiento a la Ley Nacional de Salud Mental (sancionada en el 2010 y reglamentada en el año 2013). Solo en este sentido y para ampliar conceptos precedentes, se necesita el financiamiento adecuado para establecer un sistema de salud mental comunitario: la Ley 26.657 fija un presupuesto mínimo del 10% del gasto total de salud, y en la actualidad no llega al 2%. Ni hablar de que para acceder a un turno de salud mental la espera mínima es de 4 meses.
El proyecto de ley anteriormente mencionado no es el único que duerme la siesta, lo mismo sucede con el proyecto «Ley de Residencias de Equipos de Salud» que busca reconocer a las y los residentes como trabajadores y brindar las condiciones necesarias para una formación de calidad. Este proyecto que elaboramos y presentamos en la legislatura junto a la Asamblea de Residentes de Mendoza, en octubre del 2021, lleva más de un año “durmiendo” en algún cajón de la Ministra de Salud de la provincia.
Proponen hablar de “Historia Clínica Electrónica y Salud Digital”, mientras la mayoría de los centros de salud de zonas rurales, luego de haber atravesado una pandemia que demostró la importancia de la conectividad –en pleno 2022-, continúan sin conexión a internet.
Como si todo esto fuera poco, en el cierre expone el senador Cornejo, la misma persona que siendo gobernador acompañó la degradación del Ministerio de Salud de la Nación al rango de secretaría. El mismo que inauguró con bombos y platillos el “Hospital de Luján” cuando en realidad no es más que simples consultorios externos donde se ofrecen especialidades y profesionales que no existen, y que año tras año, se excluye del presupuesto para finalizar la obra del nosocomio proyectado y comenzado a construir por las dos últimas gestiones peronistas de la provincia.
Para quienes entendemos que la Salud es un Derecho Humano, Social y Exigible, consideramos que sería bueno que en las mesas expositoras estuvieran los ciudadanos/as para que puedan dar cuenta de las diferentes barreras con que se encuentran día a día y que sonrojaría a más de uno que intente hablar de Derecho a la Salud.
