Las propuestas para cambiar la principal ley mendocina en materia electoral ya está en la Legislatura, y la norma ya está siendo estudiada por el oficialismo y por la oposición, para ponerla en debate en los próximos días.
Ayer, el gobernador Alfredo Cornejo envió al Senado el prometido proyecto para cambiar la ley 8.619 que establece las PASO, pero que también regula otros aspectos que hacen a la práctica electoral.
Por un lado, se plasmaron todos los cambios que anticipó Los Andes ayer y que se nuclean en algunos ejes de reforma. Por el otro, quedó en claro que Cornejo no podrá adelantar las elecciones, aunque sí quedó abierto el escenario para desdoblar en febrero y abril.
La ley, si bien tiene apenas dos años de vida, en su estreno (las 9 elecciones de 2015) mostró varias falencias que obligaron a dar marcha atrás, en algunos casos, y a poner parches sobre otros. Así, todo promete que el enérgico debate que hubo en sus inicios, cuando el radicalismo era oposición, se reeditará aunque en otro contexto político.
Sin colectoras, listas espejos ni testimoniales
Las 50 listas que hubo en los cuartos oscuros de Guaymallén y de Luján, en las PASO anteriores, no podrán repetirse más. Tampoco estará la posibilidad de que un candidato convocante pero sin la intención de asumir, se ponga a la cabeza de la lista.
La nueva propuesta pretende eliminar estos trucos de los que se valieron los partidos políticos durante años, con la intención de sumar votos. Es decir, los diferentes partidos no podrán compartir candidatos (listas colectoras); tampoco podrán los candidatos repetirse en diferentes listas que compitan internamente dentro de un espacio (listas espejo).
La modificación también pretende sancionar con cuatro años de inhabilitación para ejercer un cargo público, a aquel candidato testimonial que “preste” su imagen para atraer votos.
Otra de las novedades es que queda abierta la puerta para la “boleta única” en soporte papel, un sistema que se estrenó en Santa Fe y que remplaza a la tradicional lista sábana. Esta alternativa sería en el caso de desdoblar (no rige a nivel nacional), de no quedar contemplado en la progresiva implementación del voto electrónico y mediante una convocatoria -vía decreto- del Poder Ejecutivo.
Desdoblar o no, es la cuestión
Tal como se venía hablando, la nueva redacción dejó a Cornejo dos caminos abiertos: o adhiere al calendario nacional, a través de la simultaneidad (prohibido por la actual ley), o desdobla las elecciones hacia adelante, con las PASO en febrero y las generales en abril de 2018.
Hasta ahora, el suspenso sigue y se espera la definición del Gobernador pero el cambio, más allá de dar las dos cartas al oficialismo (dependerá de lo que la estrategia electoral diga) supone, hacia adelante, un límite en la facultad de los gobernadores.
Es que, según la Constitución, la fecha de elecciones debe estar fijada por ley, situación que en los hechos no se da y que siempre termina siendo objeto de especulación del oficialismo de turno. De aprobarse este cambio, habrán fechas fijas y la obligación del voto electrónico.
Las elecciones que incluyen cargos ejecutivos y que se desdoblen, serán en junio (PASO) y setiembre (Generales), mientras que las de medio término (las de este año) serán en febrero y abril.
Los municipios que también quieran ir por separado, tendrán que hacerlo en abril y agosto (con ejecutivas) y diciembre y febrero (las exclusivamente legislativas). A su vez, deberán pagarse ellos mismos sus elecciones, incluyendo el voto electrónico.
“La idea es poder simplificar el cronograma y que esto desaliente estas prácticas que generan cargas al elector”, consideró Dalmiro Garay, ministro de Gobierno y a cargo de comunicar el proyecto.
Voto electrónico
Otro de los cambios es la implementación del voto electrónico. Si Cornejo decide desdoblar, deberá sí o sí introducir este sistema en el 30% del padrón, y no en el 50% como dice la actual redacción. La experiencia de Santa Rosa es el camino a seguir, y en el Ejecutivo defendieron que está el dinero para hacerlo, aunque las dudas persisten en este punto. Si las elecciones son simultáneas, no rige la obligación de la nueva modalidad.
En este punto, la nueva ley pretende establecer más condiciones para el voto electrónico, ya que la actual ley sólo menciona la implementación pero no dice más. Uno de los requisitos es que exista un comprobante papel del voto digital, que también respetará el formato de la boleta única y no la lista sábana.
Las maestras, a fiscalizar
Uno de los problemas que se plantearon en las elecciones pasadas, fue la falta de personas dispuestas a participar en el control del proceso electoral. Una de las ideas que surgió y que ahora se sumó al proyecto, es que sean los docentes los que estén a cargo de esa tarea. Esto teniendo en cuenta que muchos no trabajarán al día siguiente ya que se desinfectan las escuelas.
“Se incluye a los docentes como autoridades de mesa, para que la elección sea entre docentes y miembros del Poder Judicial, además de una simplificación de la cantidad de fiscales de mesa en las PASO”, señaló Garay.
Menos días para la publicidad audiovisual
En las primeras repercusiones, y hasta que la oposición estudie bien el proyecto para tener letra, ya hubo algunos cuestionamientos a las modificaciones que impulsa Cornejo. El principal punto observado, y que promete polémica, es la intención del Gobierno de restar 5 días a la publicidad audiovisual.
El primero en advertirlo fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), partido que llegó a sus cargos legislativos gracias a la publicidad gratuita establecida en las PASO.
Si bien seguirá siendo gratis para los partidos, el oficialismo propone esta vez reducir el período con la intención de no “bombardear” las vida cotidiana con tanta propaganda.
En el FIT, calificaron la propuesta como “antidemocrática” y dijeron que “recorta los tiempos para que el electorado conozca las propuestas”. En el oficialismo respondieron que se sigue respetando que el 6% del dinero presupuestado para publicidad tenga como destino financiar las PASO. Esto supone que será la misma cantidad de segundos (asignados a los medios por sorteo) pero en 15 días y no en 20 como antes.
“También se reduce a este período la prohibición de los anuncios de gobierno”, explicó Garay. Es decir, la veda de obras públicas será de 15 días antes de los comicios.
