Luego de un acalorado debate, ayer la Cámara de Diputados sancionó la primera norma provincial para delimitar la responsabilidad del Estado ante cualquier daño contra una persona o bien patrimonial.
El martes que viene, en la sesión del Senado, podría ser ley el proyecto que reformuló el Gobierno de Alfredo Cornejo y que generó algunos tironeos entre el oficialismo y la oposición.
Concretamente, el proyecto establece cómo debe reaccionar el Estado ante un perjuicio que le cause a una persona. Este daño puede ser ocasionado en el ejercicio de su rol habitual (actividad legítima), o por un accidente no previsto en su desempeño (actividad ilegítima).
Sin ir más lejos, un ejemplo actual y que dio contexto a este debate, es el accidente ocurrido en el Anfiteatro Frank Romero Day el 2 de marzo, cuando se cayó la parrilla de luces en el escenario durante el ensayo previo a Vendimia y se desplomó una grúa sobre las gradas.
Otros ejemplos más cotidianos tienen que ver con accidentes en las calles por el mal estado de las veredas o desprendimientos de árboles o cables, malas praxis en hospitales públicos, sanciones mal aplicada, entre otras.
Hasta ahora, no hay una ley provincial que centralice y regule esto, aunque sí una nacional, a la que otras provincias, directamente, adhirieron.
“Nosotros proponíamos que Mendoza fuera modelo para otras provincias con una ley superadora de la nacional. Con esta sanción, tal vez seamos un modelo pero no el que esperábamos”, sintetizó la diputada Carina Segovia, la justicialista que dio pelea para que el proyecto saliera como lo habían redactado durante la gestión justicialista.
En los hechos, el radicalismo impulsó un proyecto que fue elaborado en 2015, aunque retocó algunos aspectos que el mismo FpV consideró necesarios.
En cambio, la discusión fue por los cambios que responden a distintas visiones doctrinarias del Derecho sobre cómo debe responder el Estado. En este sentido, tanto el FpV como el FIT señalan que el Gobierno “busca protegerse” con esta formulación.
Tal como salió ayer, la principal novedad es que en la actividad ilegítima, es decir, aquella que se sale del funcionamiento habitual y normal (una ambulancia que choca fuera de una emergencia), el Estado no responda como tal sino como privado. Es decir, tendrá las mismas exigencias que tiene cualquier persona que choca y no las consideraciones que el Estado somos todos.
Lo que critica el FpV es que la persona tendrá que demostrar si el daño recibido fue en calidad de particular o no, cuando en realidad debería suponerse.
“Creemos que es una flexibilización de la responsabilidad del Estado, en el sentido que al ciudadano le va a ser más difícil probar en juicio los daños que le provoque el Estado y en algunos casos va a cobrar menos que si el daño se lo ocasionara un particular. Ésta es una ley que protege al Estado”, criticó la legisladora opositora.
