El presidente Mauricio Macri ysu par brasileño, Michel Temer, reiteraron este lunes el pedido al gobierno de Venezuela para que atienda las exigencias del Mercosur y permanezca en el bloque, aunque el mandatario argentino exhibió una postura más dura, al señalar que si no cumple, la nación caribeña «perderá la condición de miembro activo».
«Le hemos dado un plazo (a Venezuela), si no cumplen perderá la condición de miembro activo», recalcó Macri en referencia a la fecha límite del 1 de diciembre que estableció el Mercosur para que incorpore la «normativa esencial» del bloque en su legislación nacional, bajo amenaza de ser suspendido si no lo hace.
En la conferencia de prensa que brindó junto a Temer en la residencia oficial de Olivos, Macri también señaló que «es preocupante la violación de derechos humanos» en Venezuela y ratificó que su administración seguirá «atentamente viendo lo que pasa» allí.
Con un tono más flexible, Temer señaló que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tienen «una posición coincidente» y esperan «que Venezuela cumpla con los requisitos necesarios para estar incluidos en el Mercosur».
La postura de la diplomacia brasileña apunta a diferenciar el Gobierno con el país, por lo tanto sugieren que Venezuela sea suspendida del bloque hasta que cambie la gestión, supo NA.
Sin embargo, fuentes diplomáticas argentinas indicaron que Temer es tan duro con Venezuela como Macri, quien no fue explícito pero habló de perder la condición de miembro del bloque.
A mediados de septiembre, los países fundadores del Mercosur acordaron que la presidencia pro témpore -que correspondía a Venezuela- sea ejercida por una comisión de coordinadores representantes de cada uno de sus países.
Paralelamente, le dio una nueva oportunidad a Venezuela hasta el próximo 1 de diciembre para que cumpla con las obligaciones que asumió al momento de ingresar al mercado común y cuyo plazo de cuatro años venció en agosto pasado.
Entre estas normas pendientes se encuentra el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Mercosur.
Ese protocolo y el resto de las normas para poder ser adoptado por la legislación venezolana necesitaría ser aprobado por la Asamblea Nacional, actualmente con mayoría opositora, desconocida por el gobierno y cuyos actos el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado como nulos.
