La diputada nacional Elisa Carrió anunció que ampliará el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) presentara un “lapidario” informe sobre el manejo del presupuesto del máximo tribunal.
Para Carrió, el dictamen de la AGN emitido por unanimidad el pasado miércoles, “es contundente y exhibe el manejo espurio de quien estuvo a cargo de la administración de la Corte”, en relación a Lorenzetti.
Además, consideró que el informe “plantea observaciones que van en el mismo sentido que algunas de las razones que se esgrimen en el pedido de juicio político” presentado el pasado 5 de abril por los diputados de la Coalición Cívica-ARI.
Según el informe de la AGN sobre la ejecución presupuestaria de la Corte en 2011, “no existe un adecuado control interno sobre la recaudación, para asegurar su integridad”.
“El auditado no cuenta con una estructura acorde que le permita reunir los antecedentes, documentación de respaldo e información proveniente de las áreas que originan recursos, y que le permita controlar a las instituciones bancarias y verificar que se acredita la totalidad de la recaudación”, agrega el informe.
En tanto, Carrió confirmó que incluirá los resultados de la auditoría “en una próxima ampliación de pedido de juicio político” ya que también “cuestiona el manejo opaco de los fondos remanentes de la obra social”.
Según la diputada, se realizaron “transferencias de los recursos de la obra social” a la Secretaría General de Administración a cargo de Héctor Marchi, “hombre de máxima confianza” de Lorenzetti.
Para la legisladora, “como sucedió con la matriz de corrupción de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, tampoco son transparentes los certificados de obra y de la factura presentados por los contratistas”.
El informe de la AGN concluye que:
* “No existe un adecuado control interno sobre la recaudación, para asegurar la integridad de la misma, atento que el auditado no cuenta con una estructura acorde que le permita reunir los antecedentes”, aunque aclararon que “el auditado continúa reclamando ante las instituciones bancarias, las herramientas que le permitan el control”.
* “Con relación a las Metas del Ejercicio, es conveniente que el organismo replantee la elaboración de las metas con el sustento en las definiciones de política que las respalde”.
* “Como resultado del examen se verifica que continúan algunas debilidades de control interno (en relación al personal)”.
* Además, observaron “la unificación de fondos de terceros y propios en la cuenta corriente y la inexistencia de control centralizado de los bienes de consumo”.
* También “la inexistencia de una certificación sobre el avance acumulado de la obra, respecto del cronograma de tareas previsto de antemano para la realización de las obras, en donde se pueda constatar que los pagos son los correspondientes a dicho avance”.
“Le pagaron 1.500 pesos para denunciarme”
Elisa Carrió fue noticia ayer también porque quedó formalmente imputada en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y en respuesta aseguró que pagaron a uno de los denunciantes que la acusó.
Fuentes judiciales indicaron que la fiscal Paloma Ochoa requirió al juez Daniel Rafecas investigar a Carrió, quien, por su parte, emitió un comunicado en el que alertó sobre un pago de “1.500 pesos” al denunciante.
Las fuentes precisaron que el señalado de haber pagado esa supuesta coima al denunciante, Saúl Enrique Paz, se llama Alan González y se desconoce qué intenciones tenía.
Ahora, Ochoa impulsó la investigación por enriquecimiento ilícito en base a una segunda denuncia, que radicó un abogado llamado Mariano Valdez, mientras que promovió extraer testimonios para analizar por cuerda separada ese falso testimonio, y también presuntas negociaciones incompatibles.
“Esto es vergonzoso. Un escándalo producto de operaciones políticas vinculadas a sectores de Inteligencia y a altos rangos del Poder Judicial”, afirmó la legisladora en un comunicado.
Según detalló la diputada en el comunicado, el denunciante, luego de ser citado por tercera vez a ratificar la acusación, confesó que había firmado “a cambio de dinero”.
“Esta persona testificó que le pagaron 1.500 pesos para realizar la denuncia en contra de la diputada”, indicó el comunicado y agregó: “También es un enorme escándalo que haya tantas causas fraudulentas tramitándose en la Justicia, tanto en el gobierno anterior, como durante éste”.
