Un camión para transmisiones televisivas móviles exteriores que pertenecía al empresario local Gustavo Mátar y que fuera embargado por la Justicia Federal, fue entregado a Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos de la Nación.
Cabe recordar que este vehículo, que al momento de su secuestro ya había sido desmantelado y le faltaban equipos, forma parte de los bienes incautados a Mátar en el marco de la causa por “evasión fiscal y lavado de activos”, en la que está procesado junto a su esposa, la ex diputada justicialista Evangelina Godoy, el hijo de ambos, Brahim Mátar, el contador Jorge Capellani y un empleado llamado Daniel García.
Lombardi se encontraba en San Rafael para poner en funciones al nuevo director de LV4 Radio San Rafael. Sin embargo asistió a los Tribunales Federales para recibir el vehículo en cuestión. Es que por decisión del Eduardo Puigdéngolas, el camión, de alto costo, fue cedido al Estado nacional y podrá ser utilizado por el Sistema Federal de Medios Públicos.
La máquina, que fue desmantelada parcialmente, al extraer Mátar previo a su secuestro los equipos de su interior, será reequipado y puesto al servicio de medios públicos de San Rafael y Mendoza en general, según expresó Lombardi.
En abril de 2016 fueron procesados por el juez federal Puigdéngolas el “fotógrafo y camarógrafo” (así identificado en las causas) Mátar, su esposa, el hijo de ambos, el contador y un empleado. Mientras que se dictó la falta de méritos para la contadora Lorena Gisela Ríos en las mismas causas aunque no queda desligada totalmente porque se rechazó su “sobreseimiento”.
Antes del procesamiento el juez embargó varios pagos a Mátar por un valor cercano a los 12.000.000 de pesos que estaban pendientes en Tesorería de la Provincia. La acusación de Puigdéngolas se conoció en 2015 tras la denuncia que interpuso la entidad recaudadora (DGI) por evasión por los períodos 2010/2011. Este proceder judicial posibilitó adoptar las medidas para el recupero de bienes que, en definitiva, pasarían al Estado.
El embargo fue por los valores que había facturado la firma Kafee Coronado, cuyos titulares son Mátar y su hijo y que estaban listos para ser cobrados por trabajos realizados en 2015 y 2016 para el gobierno provincial.
La imputación a Mátar y compañía fue como consecuencia del dinero que no habría ingresado a las arcas del Estado nacional por presunta contabilidad fraudulenta generada por el uso de facturas apócrifas que posibilitaba el aumento del crédito fiscal y a la vez posibilitaba reducciones de pago de impuestos.
