El juez federal Ariel Lijo se desvinculó ayer de la acusación que le hizo Cristina Fernández de Kirchner acerca de que supuestamente fue él quien divulgó el audio de la conversación de la ex Presidenta con el ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Oscar Parrilli.
Además el magistrado, quien tiene a su cargo la investigación tras la denuncia que hizo el fiscal Guillermo Marijuan en torno al audio en cuestión por el presunto delito de abuso de autoridad, aseguró que Parrilli sabía “desde hacía muchos meses” de las escuchas y que hasta “se llevó (del juzgado a caro de Lijo) una copia de los 90 CDs” con grabaciones.
En declaraciones periodísticas, Lijo aseguró que las escuchas son de 2016 y que “empezaron en el mes de julio y terminaron en agosto; son más de 90 CDs”. Y sostuvo que “la verdad es que me sorprendió” la difusión después de que la ex jefa de Estado lo responsabilizara por la filtración de las conversaciones a la prensa.
El juez no paró allí sino que aseguró que el ex jefe de la AFI “no sólo sabía que había sido escuchado sino que se llevó copias” de esos audios. Es que al declarar el año pasado en una causa en la que lo investiga por su presunta relación con Ibar Pérez Corradii, “Parrilli pidió entonces acceder a toda la prueba y se llevó una copia de 90 CDs con sus conversaciones. Parrilli sabe desde hace muchos meses que fue escuchado y tiene copia de sus escuchas. Nunca hubo un planteo por esas escuchas”.
Lijo también rechazó de plano las acusaciones que el lunes pasado le hicieron la ex Jefa de Estado y su ex funcionario sobre la existencia de un presunto “espionaje” político implementado con supuesta anuencia del Gobierno nacional contra dirigentes de la oposición. “Esta es una investigación criminal como cualquier otra y hacía muchos meses que las pruebas estaban en el expediente”.
De acuerdo con Lijo, las escuchas empezaron cuando Pérez Corradi apareció en Paraguay a raíz de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña relacionada con el tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez. “Las escuchas -precisó- terminaron a los 70 días porque no había ningún llamado que aportara a la investigación”.
En ese primer momento, dijo Lijo, se dispuso la intervención de cuatro teléfonos, uno de los cuales era el de Parrilli. “Estuvo intervenido por 65 ó 70 días y cuando se evaluó que no producía información o prueba se dio de baja la intervención”.
La ex Presidenta, como también la diputada oficialista Elisa Carrió, había criticado a la Corte Suprema de Justicia por su supuesta responsabilidad en la difusión periodística de la escucha de su conversación con Parrilli. Pero el juez Lijo eximió de responsabilidad al máximo tribunal.
“La Corte administra los medios para escuchar a través de una Dirección, pero no participa en las escuchas, no tiene acceso. Lo único que administra son los medios para la intervención dispuesta por un juez”.
Anteayer, la ex Presidenta había acusado vía Twitter a Lijo de “organizar las escuchas” y la emprendió contra Juan Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Captación de Comunicaciones, organismo dependiente de la Corte que ejecuta las intervenciones telefónicas.
