La rueda de indagatorias fue iniciada el lunes con la declaración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y continuada ayer por el ex ministro de Planificación Federal y Obras Públicas durante los doce años de gobiernos kirchneristas, Julio De Vido.
El actual diputado nacional se presentó en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini, al que le entregó un escrito de 14 páginas. “No hay ninguna prueba presentada que indique que hubiésemos beneficiado a (Lázaro) Báez ni a otro empresario en particular”, dijo De Vido, quien cuestionó a los fiscales por “crear un delito precedente para criminalizar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
Según el llamado a indagatoria, De Vido, la ex Presidenta, el detenido ex secretario de Obras Públicas José López, y una decena de personas más, están sospechadas de haber “organizado un entramado criminal” para direccionar la obra pública de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez, quien deberá presentarse hoy. Mañana será el turno de José López. Las indagatorias terminarán el 23 de este mes.
Para De Vido, “los hechos descriptos en la convocatoria a declarar no encajan en ningún tipo penal; nos encontramos ante una causa iniciada ilegalmente y por ello es inválida la convocatoria a declarar”.
El ex ministro pidió la nulidad del llamado a indagatoria y le solicitó al juez su sobreseimiento.
Para De Vido, se están judicializando “actos permitidos y protegidos por la Constitución Nacional y las leyes, y decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo y por el Congreso de la Nación en uso de sus facultades”.
“En esta causa se intenta criminalizar todo: la elección de la distribución de funciones ministeriales, la designación de las personas que ocuparán los cargos, y la distribución del presupuesto”, sostuvo De Vido.
“De ser posible tal persecución penal, debería realizarse similar cuestionamiento al actual Presidente Mauricio Macri, quien trasladó a sus funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las distintas funciones claves”, agregó.
“Lo mismo cabe concluir respecto de la asignación de la obra pública a cada provincia y el cuestionamiento político implícito en el reproche de los fiscales de asignar el 11,3% de la obra pública en una provincia (Santa Cruz) que posee el 3% de la población”.
“Si el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, decidió aprobar el presupuesto para realizar obras viales en la Provincia de Santa Cruz en las proporciones cuestionadas por el dictamen, todo lo que puede decirse es que ejerció su potestad constitucional en coordinación con el Poder Ejecutivo”.
De Vido fundamentó los recursos destinados a Santa Cruz en “privilegiar una estrategia de población de la Patagonia como modelo político”, “en la aplicación de inversión para ingresos de divisas por el interés turístico internacional”; y recordó que Santa Cruz es “la segunda provincia en extensión territorial” del país.
“Representa el 9% de su territorio por lo que la asignación del 11% de la inversión pública vial no aparece como una decisión siquiera aceptable”.
También señaló que en los doce años de gobierno kirchneristas, “todos sus actos fueron susceptibles de los mecanismos de control constitucionales (Auditoría General de la Nación, SIGEN y auditorías internas de casa organismo)”.
Recordó que la causa fue iniciada por “la Dra Carrió en el año 2008” y que hasta 2015, “nunca antes los fiscales impulsaron la acción”.
“La quietud de los fiscales durante todos estos años, demuestra que los hechos no constituyen delito y el cambio de postura actual indica el carácter político de esta denuncia”. “La falta de persecución durante 8 años los transformaría (a los fiscales) en responsables por omisión”.
De Vido también se refirió “al presunto tratamiento privilegiado a Lázaro Báez” en la adjudicación y ejecución de obras. “Estas obras nunca se sometieron a un peritaje judicial”.
“La inexistencia de un dictamen técnico que avale la denuncia conforma la mayor deficiencia y deja carente de seriedad el trámite de la investigación”, dijo De Vido.
En un tramo del escrito, enumeró su inocencia: “No intervine en ningún tramo de todos los procesos que llevaron adelante las obras públicas cuestionadas; no soy parte ni dirijo la Dirección Nacional de Vialidad ni la Provincial. No tomé ninguna decisión respecto de las obras viales mencionadas. No decidí comisionar las obras. No participé en los procesos licitatorios de ninguno de los dos organismos (Vialidad Nacional y Vialidad de Santa Cruz). No tuvo en mi esfera el control de las obras de Vialidad Nacional. No decidí el lugar de las obras cuestionada ni su volumen ni su estructura, ni adjudiqué el presupuesto a tal o cual obra”.
Tampoco “fui incluido como imputado en la denuncia del actual director de Vialidad Nacional”, concluyó. Para De Vido, “los fiscales desconocen toda norma y principio de derecho administrativo”.
“Sólo el 11,2% del presupuesto fue atribuido a Santa Cruz y no todas las obras de la provincia fueron hechas por el grupo Báez; deliberadamente omitieron analizar todas las obras que se llevaron adelante en Santa Cruz, así como también referir cuál fue la irregularidad que hubo en la contratación, ejecución y finalización de la obra como para hablar de algún tipo de desvío e ingresar en el ámbito del derecho penal”.
