Una decisión de Alberto Fernández golpea a un sector que crece fuerte en Mendoza

La suspensión de la «ley del Conocimiento» afecta a empresas que emplean a casi 20 mil personas y representan 11% de las exportaciones.

Por la suspensión de la “ley de Economía del Conocimiento”, las empresas de software de Mendoza anticipan posibles pérdidas de puestos de trabajo. Es que la normativa otorgaba beneficios que abarataban el costo de las contribuciones patronales, pero ahora no hay un panorama claro que garantice la persistencia de esas ventajas impositivas hacia el futuro.

De hecho, le decisión del Gobierno Nacional podría representar un giro de 180° para esa actividad. El 31 de diciembre de 2019 venció la “ley de software”, que establecía beneficios impositivos para las empresas de ese sector. El 1 de enero, en tanto, entró en vigencia “ley del Economía del Conocimiento”, que ampliaba los incentivos e incluía a nuevos rubros. Sin embargo, el lunes, a través de la Resolución 30/2020, el Gobierno nacional suspendió su aplicación para “analizar algunas modificaciones”.

La preocupación del sector no parece exagerada, teniendo en cuenta que las ventajas impositivas aplicadas en 2005 le han permitido a las empresas de informática y tecnología tener un crecimiento constante, aun en tiempos de crisis. De hecho, la industria del software pasó de no figurar en las estadísticas a representar el 11% de las exportaciones de Mendoza, con una facturación anual de U$S 160 millones por sus ventas en el exterior. Al mismo tiempo, algunos subsectores han logrado expandirse de manera exponencial, como el de desarrollo de videojuegos, que ya factura más de $ 6 millones al año.

El peso del sector sobre la economía provincial queda en evidencia también con las estadísticas de empleo. La industria de Servicios Basados en el Conocimiento emplea, en todo el país, a unas 850 mil personas. Mendoza ocupa, según datos del ex Ministerio de Producción y Trabajo, el quinto lugar en cantidad de trabajadores registrados, con 19.700 ocupados.

Además, la industria del conocimiento sufre de un marcado déficit de profesionales, por lo que tiene potencial para generar miles puestos de trabajo nuevos, en un contexto en el que el empleo privado registrado de la provincia viene cayendo y las actividades económicas tradicionales, como el agro, el petróleo y el comercio, se están achicando.

Preocupación sectorial

Rodolfo Giro, de Interbrain, resaltó que la industria ya no sólo incorpora programadores, sino que ha ido sumando a otros profesionales, como diseñadores, músicos, médicos, contadores. Por otro lado, el también director de Relaciones Institucionales del Polo TIC, comentó que la ley de conocimiento no fue pensada desde un punto de vista coyuntural, sino que responde a una política de Estado, y que lo más importante no son los beneficios fiscales -aunque sean sustanciales-, sino el reconocimiento que implica para el sector. “Además, se nos otorgó estabilidad fiscal, lo que permitió hacer proyecciones de largo plazo, con la confianza de que no se cambiarán las reglas”, apuntó.

Sin embargo, esto fue precisamente lo que perdieron con la resolución 30/2020. Gabriel Hermida, socio del Departamento de Impuestos de Auren, una firma multinacional de servicios profesionales, planteó que hubo compañías que hicieron inversiones y tomaron personal en función de presupuestos que contemplaban un beneficio impositivo, que ahora no saben si recibirán.

Es que la suspensión estaría vinculada a una decisión de revisar qué tipo de empresas estarán incluidas en la promoción. Se habla de que se diferenciaría entre las grandes, que quedarían fuera, de las pymes.

El socio de Auren manifestó que el sector mueve cerca de 3 mil millones de dólares anuales y genera un valor agregado a la economía muy significativo. La ley de promoción favorecía que se generaran más puestos de trabajo y se incrementara el consumo.  Con la “marcha atrás del gobierno”, ahora los empleos corren peligro.

Mauricio Barzola, socio fundador de Wakapi, una empresa que brinda servicios de outsourcing tecnológico, opinó que es razonable que los beneficios se limiten a las pymes y no se apliquen a las multinacionales, pero planteó que, hasta que se resuelva su implementación, están en una situación precaria, porque hicieron un análisis de costos y operaciones basadas en un incentivo que no saben si van a recibir.

Fuente: Diario Los Andes