Tupac el esposo de Nélida Rojas evadió $29 millones, según AFIP

Hubo una empresa de construcción familiar que en 8 años manejó $100 millones. En ese concepto, debía tributar ganancias.

El intenso movimiento que tuvo la cuenta de Ramón Martínez, esposo de Nélida Rojas (líder de la Tupac Amaru en Mendoza), disparó una investigación de la AFIP que concluyó que hubo evasión de impuestos por casi 30 millones de pesos. 

El organismo observó los movimientos que hubo desde junio de 2008 hasta abril de 2016 y comprobó que por la cuenta de Martínez pasaron   $102.934.730, provenientes del Programa Federal de Viviendas. 

Según la investigación, el dinero que “bajaba” de la Nación a las 21 cooperativas nucleadas en la Tupac fue administrado por el esposo de Rojas.

Esta observación coincide con la causa judicial que abrió la fiscal Gabriela Chaves,en noviembre de 2016, en la cual el hombre es apuntado como el jefe de la asociación ilícita.

Cabe recordar que esta figura delictiva cruza a todos los familiares y miembros del“clan” Rojas-Martínez, aunque las imputaciones también apuntan a la coacción agravada, extorsión y amenazas.

Es que según entendió el Ministerio Público, hubo una organización delictiva necesaria que se enriqueció y que obligó a quienes aspiraban a su casa a militar por el kirchnerismo.

El informe del organismo nacional se suma a la causa que tiene abierta la Tupac y que está en manos de la Suprema Corte de Justicia. Más allá de las cifras millonarias observadas, la investigación refuerza, desde la perspectiva fiscal, dos hipótesis de Chaves: la inexistencia de las cooperativas de trabajo y el lavado de dinero a través de familiares.

La AFIP puso la lupa sobre los movimientos financieros de los integrantes de la familia, para determinar el impuesto a las ganancias. Esto porque el organismo entendió que las cooperativas no habrían existido, sino que hubo una “empresa constructora familiar”, lo que implica que hubo fines de lucro.

En contraparte, hay que tener en cuenta que una cooperativa de trabajo supone que los integrantes se desempeñan en distintas actividades y oficios y se reparten las ganancias. Al tener un carácter social, no tributan ganancias. 

Según determinó la AFIP, Martínez recibió la totalidad de los fondos que se destinaban a las cooperativas, cuyo domicilio fiscal es Maipú 185 de Lavalle (casa de Rojas-Martínez). Justamente allí la investigación de Chaves encontró todos los sellos, talonarios, entre otros documentos, de las distintas cooperativas de trabajo.

Extracciones en efectivo

Si bien los fondos que vinieron del programa nacional y pasaron por el IPV y el municipio datan desde 2008, en el mes de diciembre de 2012 se firma la primer acta en la que suscriben todas las cooperativas y definen quiénes estarían autorizados al manejo de una caja de ahorro común de la organización barrial Tupac Amaru. Allí surge el nombre de Martínez junto a su hijo, Federico Torrengo, y Emilia Montaño. 

Según entiende la investigación, las actas intentaron “sanear” una situación de hecho anterior, en la que Martínez manejaba los fondos y no las cooperativas.

Según testificaron en el Banco Nación de Lavalle, encargado de advertir las cuantiosas extracciones, el esposo de Rojas, en conjunto con su hijo y Montaño, iban con el encargado de la cooperativa a cobrar los cheques. Allí extraían el dinero y se lo daban a Martínez, quien se llevaba una parte en efectivo y la otra parte la depositaba en su cuenta.

Con estos datos, la Administración Federal examinó los períodos fiscales desde el 2012 al 2015 y sumó $ 28.954.690 de evasión fiscal en concepto de impuesto a las ganancias.

Siempre con el supuesto de que las cooperativas no existieron como tales, sino que hubo una empresa de construcción familiar que debía tributar a las ganancias.

En la historia que examina, la AFIP continúa su informe y advierte que hubo extracciones en efectivo de las cajas de ahorro de las cooperativas y depósitos en efectivo en la cuenta de Martínez, el mismo día y por el mismo importe.

La investigación también advierte que hay constancia de que el esposo de la líder de la Tupac tuvo en su poder los cheques de las cooperadoras, lo que lo convierte en el administrador.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el organismo nacional deja de lado la conformación de las cooperativas y pone como responsable fiscal a Martínez, quien por ende se dedicó a la actividad económica de construcción de viviendas.

La otra sospecha: el lavado de activos

En la investigación judicial llamó la atención la gran cantidad de bienes que tienen los integrantes de la Tupac (familiares y miembros) y que no han sido explicados desde lo fiscal, más allá de que fueron justificados como “ahorros familiares” de sus trabajos de albañiles y cooperativistas.

Se contabilizan 18 vehículos, entre los que destacan camionetas Hilux y camiones, dos terrenos y casas. La AFIP también puso la lupa sobre los integrantes de la familia que tienen a su nombre casas y vehículos, muchos de alta gama.

Cabe recordar que 4 hijos de Rojas y uno de sus yernos se sumaron en julio de 2017 al blanqueo de capitales que impulsó el presidente Mauricio Macri.

En el informe, la AFIP declaró al resto de los familiares “sin interés fiscal”, ya que consideró que Martínez es quien manejó los fondos asignados y que las cooperativas son una mera pantalla.

Es decir, los bienes fueron inscriptos a nombres de terceros, lo que se conoce como testaferros. La prueba está en que los titulares no pudieron demostrar capacidad económica para la adquisición de propiedades y vehículos.

Cómo sigue el caso

Esta novedad se suma a los distintos movimientos que ha tenido la causa de la Tupac Amaru en Mendoza desde el 7 de abril de 2017, día en que detuvieron preventivamente a Rojas. En lo que siguió, hubo otros cuatro familiares detenidos a partir de la investigación que impulsó el Ministerio Público de Mendoza (parte acusadora).

Las detenciones fueron apeladas por la defensa y la Octava Cámara del Crimen decidió liberar a los imputados, además de desestimar la figura de “asociación ilícita”. Con este traspié, el Ministerio Público presentó un recurso de casación, que debe definir la Corte.

La foto judicial actual suma, a esta definición, la resolución pendiente de la Justicia Federal, que tiene en sus manos una causa por Fraude al Estado. Antes, debe resolver un pedido de Chaves, quien presentó un conflicto  de competencia para que la causa se resuelva en la órbita provincial.

Fuente: Diario Los Andes