La religión no puede ser una materia en las escuelas públicas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó en claro que la religión no puede ser una materia como cualquier otra que se dicta en el horario de clases en las escuelas públicas. Es lo que ocurría desde hacía casi una década en Salta.

Con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la sentencia pone punto final a una disputa legal que se inició cuando un grupo de padres aseguró sentirse discriminado porque les preguntaban por sus creencias -algo que pertenece a la intimidad- y porque sus hijos eran obligados a participar de las clases de catolicismo o, en otros casos, apartados de sus aulas.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley salteña de educación, impulsada durante el primer mandato de Juan Manuel Urtubey, que permite involucrar a la enseñanza religiosa en los planes de estudio y darla en horario de clase.

Los jueces también rechazaron la obligación de los padres de tener que especificar si desean que sus hijos reciban educación religiosa. En sus argumentaciones, el tribunal se extiende ampliamente en los conceptos de libertad, igualdad, no discriminación y derechos humanos.

Salta venía torciendo una historia de más de cien años. La ley 1420 de enseñanza pública, gratuita y obligatoria es de 1884 y dejaba la religión fuera del horario escolar.

Torcuato Sozio, al frente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y del amparo colectivo que presentó junto al grupo de padres que sintió sus derechos vulnerados, se mostró conforme con el fallo: “Ahora deberían cumplirlo y tomar las medidas necesarias, como cubrir las horas de religión con otras materias o actividades”, dijo.

Además de Salta, Tucumán y Catamarca también tienen religión en sus escuelas públicas. “Lo lógico ahora es que después de este fallo esas provincias también se adecuen. El fallo sienta un precedente que hay que cumplir”, se esperanzó Sozio.

La presentación de la ADC y los padres fue contra la norma provincial que consideraron discriminatoria, fundamentalmente el inciso “ñ” del artículo 27 de la ley de educación salteña (N° 7546). Se cuestionó porque dispone que la instrucción religiosa integre los planes de estudio, se imparta dentro de los horarios de clase y que sus contenidos y la habilitación docente requieren el aval de la autoridad religiosa.

También cuestionaron la disposición N°45 de la Dirección de Educación Primaria de la provincia, que prevé la obligación de entregar un formulario en el que los padres deben manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa” y, en caso afirmativo, en qué creencia desean que sean instruidos.

En un principio, la Justicia provincial avaló la ley, entonces se apeló y por eso el caso llegó a la Corte Suprema, que declaró ambas normas inconstitucionales. Consideró probado que en numerosas escuelas públicas de Salta se enseña y practica la catequesis de un solo culto: el católico apostólico romano.

Urtubey, aceptó el fallo: «La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último intérprete de la constitucionalidad de las normas. En virtud de ello, la provincia debe modificar sus leyes para adecuarse, tanto a lo que prescribe la Constitución provincial, como a las observaciones emanadas del Máximo Tribunal”.

El gobernador dijo que ya se envió a la Legislatura un proyecto de ley, adecuando la norma a la Constitución de la provincia y a la resolución de la Corte: “En Salta siempre hubo educación religiosa y nunca nadie lo había cuestionado. Pero la gente evoluciona. Este proyecto establece que la educación religiosa no integre los planes de estudio obligatorio y que se imparta fuera de los horarios de clase. Eso va a estar vigente desde 2018”.

Desde las distintas religiones no hubo un pronunciamiento sobre la sentencia. El fallo de la Corte declara “la inconstitucionalidad, por violación a los derechos a ejercer libremente el culto, de aprender y de privacidad de toda práctica que, en la implementación de la enseñanza de religión en escuelas públicas salteñas, implique la prevalencia conceptual de un culto por sobre los demás, la discriminación de quien no profese ningún culto o de quien profese alguno en particular, la imposición en las clases de catequesis o ritos religiosos”.

“Está muy bien el fallo, habla de derechos humanos y de la libertad de pensamiento”, consideró Sozio.