Bloquearon más de 900 abonos de discapacitados por irregularidades

El año pasado fueron entregados en el área metropolitana de Mendoza más de 18 mil abonos para usuarios discapacitados, de los cuales alrededor de 5,11% fueron bloqueados, ya sea porque los usan los familiares de los beneficiarios o no tienen la documentación en condiciones o simplemente no están empadronados.

Estos son los datos de una auditoría realizada por la Dirección de Transporte sobre los registros de la Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Del barrido realizado surgió que 934 personas dejaron de contar con este abono por las irregularidades ya mencionadas. Ahora, dentro de este grupo, el departamento Las Heras está a la cabeza de los bloqueos, seguido por Guaymallén, Maipú, Luján, el puesto de venta de la Terminal y Godoy Cruz.
Si bien desde Desarrollo sostienen que la obtención del certificado único de discapacidad, CUD, es bastante complejo de obtener porque tiene una serie de requisitos difíciles de trucar, en Transporte han notado que los fraudes fueron realizados adulterando los CDU, ya sea colocándoles número de documentos de personas sin discapacidad o alterando los papeles complementarios, donde iba la identidad del beneficiario.
El escenario terminó por completarse cuando una vez detectadas las incongruencias se les solicitó a los pasajeros que presentaran nuevamente el certificado correspondiente, pero estos no volvieron para completar el trámite.
Si el corte es ejecutado según las causas, se desprende que la falta de documentación es la irregularidad más encontrada, casi a la par de aquellos casos en que los inspectores encontraron arriba de los micros a familiares que habían utilizado el pasaje del discapacitado sin ir con él en ese momento.
La tercera razón más común, y quizá las más grave, corresponde a los abonos truchos de personas que no integraban ningún registro.
Para el director de Transporte, Carlos Matilla, las irregularidades encontradas se deben fundamentalmente a las diferencias de criterio al momento de otorgar las gratuidades, ya que «hay municipios donde el alta se la dan sólo con el turno para obtener el certificado de discapacidad, y eso puede hacer variar los registros».
De todas formas, el funcionario adelantó que mantendrá reuniones con las comunas a fin de unificar los criterios para certificar la discapacidad de una persona, por supuesto, en base a lo que ya hace el Ministerio de Salud, una vez que un médico determina el grado y tipo de discapacidad.
En Transporte calculan que en algunos municipios han informado una lista de beneficiarios sin tener la documentación completa. Por eso en muchos casos las altas fueron renovadas otra vez, una vez zanjado el problema,
El siguiente paso es realizar la misma auditoría para todos los abonos que son dados con el 100% de descuento, como es el caso de los docentes, aunque no quedarán afuera los estudiantes de todos los niveles, los jubilados y el pasaje del transbordo.
Esto debe ser entendido como una política de largo plazo, donde el Gobierno buscará reducir los descuentos, o al menos ofrecerlos por nivel de salarios, en lugar de darlos de manera masiva por sectores. Estos nuevos criterios seguramente estarán integrados una vez que sea renovada la concesión de todo el sistema de transporte.
Desde el ministerio que conduce Sergio Marinelli calculan que entre las gratuidades, los descuentos y el transbordo se llevan más de $565 millones, mientras el subsidio provincial para el transporte público es de $554 millones anuales.